Por Cristina L. Albarrán.

 

Ante la crisis, hay que invertir en mejorar la competitividad y, por tanto, en tecnología. Éste ha sido uno de los mensajes que la Administración no se ha cansado de repetir. Ya a finales del pasado verano, Miguel Sebastián, titular de Industria, Turismo y Comercio, declaraba durante el acto de inauguración del XXII Encuentro de las Telecomunicaciones (Santander, del 1 al 4 de septiembre) que las TIC estaban contribuyendo a disminuir el déficit exterior y la inflación del país, a la par que apuntaba cómo la prestación tecnológica ganaba, día a día, mayor peso específico en la sociedad. Y corroboraba esta sentencia aportando datos sobre la implantación de la banda ancha (se ha multiplicado por cuatro desde 2004) y del cada vez mayor número de españoles que usaban Internet (más de 20 millones). En el presente ejercicio, el director general para el desarrollo de la sociedad de la información de este ministerio, David Cierco Jiménez de Parga, comparecía en la décimo sexta edición de SITI/asLAN para transmitir idéntica idea: las tecnologías de la información y la comunicación son el motor para sortear la complicada situación económica actual. En su discurso, el responsable indicaba cuatro retos tecnológicos a los que se tenía que enfrentar nuestro país como eran el de desplegar redes de nueva generación, recobrar la confianza en el uso de la Red, demostrar el liderazgo en la materia que posee España y conseguir el apoyo de la industria a los contenidos y servicios digitales.

Así las cosas, queda claro que las empresas (y la sociedad en general) debería apostar firmemente por las TIC pero ¿qué ocurre con la Administración?, ¿predica ella con el ejemplo? La respuesta está en el Plan Avanza, la iniciativa gubernamental a cinco años (2005-2010) para el fomento de la sociedad de la información y que contempla una inversión anual de alrededor de 1.500 millones de euros. Para este ejercicio, el AvanzaDos (nuevo nombre del plan) ha recibido del Gobierno una dotación de 1.470 millones, un 6% menos que en 2008. Con esta partida se busca “la modernización del tejido productivo y el crecimiento a largo plazo de la economía”, como puntualizó Sebastián en la presentación de los presupuestos asignados a la cartera que capitanea. El remozado proyecto se estructura en cinco áreas destinadas a potenciar infraestructuras, seguridad, capacitación tecnológica, servicios prestados y desarrollo industrial en torno a los servicios. Entre las actuaciones prioritarias que contempla se encuentra la extensión de la banda ancha en núcleos rurales y el acercamiento de las TIC a los mayores de 55 años, así como el impulso a la TDT. Por su parte, Red.es (entidad pública empresarial adscrita a Industria) continuará gestionando los proyectos TIC en educación, sanidad, administración electrónica y empresas contemplados en el Plan Avanza. 

La e-administración como derecho
Inicialmente esta propuesta se marcó como objetivos los de incrementar el porcentaje de empresas que utilizan el comercio electrónico, promover el uso de la factura electrónica, extender la administración electrónica mediante la popularización del DNI digital, alcanzar la tasa de un ordenador conectado a Internet por cada dos alumnos en los centros de enseñanza y doblar el número de hogares con acceso a la Red. Sin embargo, una de las principales líneas de actuación de Avanza era también el desarrollo de los servicios públicos electrónicos de todos los organismos públicos, de manera que se mejorara la calidad de vida de los ciudadanos y la eficiencia de las empresas.

Con el fin de llevar a buen puerto la e-administración, el Estado puso en marcha diferentes proyectos (desarrollo del expediente electrónico, la oficina virtual, ventanilla única o el acceso a la información fiscal y al borrador de la declaración de la renta, entre otros) cuya realización efectiva quedaba regulada por su correspondiente normativa legal. Uno de estos documentos es la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (11/2007), texto que establece el derecho de los ciudadanos a poder realizar trámites administrativos mediante procedimientos electrónicos, lo que impone al poder público la obligación de establecer los mecanismos oportunos para que los españoles podamos ejercitarlo. Así, en virtud de esta ley, los organismos han de tener una dirección electrónica que respete los principios de accesibilidad y usabilidad y habla de determinados instrumentos relacionados con este derecho como el DNI con circuito integrado, la firma y el sello electrónico. Los trabajos para la elaboración de esta norma empezaron en la primavera de 2006 y se ha fijado para el 1 de enero de 2010 la fecha límite en la que todos los servicios de las distintas administraciones estén disponibles por vía electrónica.

Otras normativas al respecto son la Ley de Administración Electrónica que incide en la automatización de gestiones de expedientes y trámites o la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), un canal de intercomunicación telemática para contratación electrónica a los ciudadanos y presentación de reclamaciones.

Un cliente muy goloso
Además de su faceta de inversor, la Administración también destaca por ser uno de los clientes más codiciados por cualquier proveedor de tecnología ya que se trata de una megaempresa (con cerca de 3.000.000 millones de funcionarios a su servicio) con grandes necesidades de renovación y modernización en todos sus ámbitos (general del Estado, autonómico y local). Pero para trabajar con ella hay que hacer frente a una dura competencia que no va a dejar escapar así como así una perita en dulce. Al ser muchos los que pugnan por conseguir la adjudicación de un proyecto, lo normal es que se ajusten precios y se ofrezcan propuestas innovadoras.

Los procedimientos mediante los cuales la Administración Pública elige a sus proveedores son fundamentalmente tres dependiendo de los importes. Hasta los 12.000 euros el Gobierno local o regional de turno elige libremente al adjudicatario del proyecto. De esta cifra y hasta los 30.000 euros se requiere abrir el concurso a una serie de empresas seleccionadas. A partir de esta cantidad, el concurso ha de ser completamente público y abierto a todas aquellas compañías que quieran participar en él. Tan sólo hay que concurrir siguiendo el pliego específico de condiciones que previamente se ha publicado en el boletín correspondiente. Dentro de estos sistemas hay que diferenciar si lo que se contrata es un producto o un servicio, ya que en este último caso los requisitos suelen ser más exigentes. Junto a estos tres niveles existe lo que se llama Catálogo de Patrimonio que depende de la Dirección General de Patrimonio del Estado. En él se recogen una serie de productos a un precio tasado que corresponden a un presupuesto previo y que se renuevan cada cuatro años. Por lo general este mecanismo está diseñado para la adquisición de bienes de equipo e incluye a fabricantes que han ganado un concurso previo.

Plazos de pago eternos
Aunque llevar a cabo un proyecto para la Administración puede ser muy atractivo, tiene sus inconvenientes. El principal son los dilatados plazos de pago, puesto que los organismos públicos suelen demorarse en la retribución por el trabajo realizado entre 6 meses y un año, y no todas las compañías poseen músculo financiero para soportar tanto retraso. Salvo acuerdo escrito entre las dos partes, el plazo que marca la ley ronda los 30 días pero en España la media se eleva hasta los 98 y con suerte, ya que más de un cliente del sector público sobrepasa con creces los 180 días en pagar. En un encuentro celebrado por CHANNNEL PARTNER en el mes de marzo, Juan José Moneo, director general de Bechtle, reveló que su compañía (un potente integrador con sede central en Alemania) había dejado de trabajar con ayuntamientos y grandes cuentas debido a los desmesurados retrasos en el cobro. Ante este panorama, la Comisión Europea ha dado la voz de alerta. Según los datos facilitados por Günter Verheugen, el comisario encargado de la Empresa e Industria, en la UE los pagos tardíos ascienden a unos 1.900 millones de euros, de los cuales más del 60% corresponden a las administraciones públicas y el resto a las empresas. Así las cosas, y más en tiempos de crisis, el Ejecutivo comunitario pretende modificar la normativa actual sobre la cuestión obligando, incluso, a abonar intereses en caso de retrasos. Se confía que la propuesta entre en vigor en 2010.

Parece, sin embargo, que esta situación empieza a cambiar en nuestras fronteras. En este sentido opina José Vences Benito, director adjunto a operaciones de Satec (integrador que obtiene el 56% de sus ingresos de la Administración), quien asegura que “en lo referente a la cultura de pagos se ha mejorado considerablemente en los últimos tiempos”. “podríamos encontrarnos con problemas puntuales debidos a la situación actual, pero sin duda este aspecto se ha depurado mucho”, matiza. No obstante, aunque tarden más de lo normal en pagar, las garantías de cobro están aseguradas. Así lo cree María José Mayordomo, account manager de sector público del Grupo Castilla, fabricante español de software empresarial: “La retención de crédito que realizan en sus presupuestos al contratar son el mejor aval”. Hay una creencia de mercado que reza que aunque la Administración tarda en pagar, al final paga. Pero, además de esta garantía de solvencia, Francisco Calvache, director de las divisiones Océ Business Services y Océ Document Printing, añade dos ventajas más: “La seriedad en la relación contractual y un trato muy profesional son otros aspectos destacables a la hora de trabajar con los diferentes organismos de la Administración”. Aunque también critica que “algunos contratos públicos son tan complejos que resultan prácticamente opacos para algunas de las empresas que se presentan. La claridad y la transparencia debería ser una de las principales preocupaciones de la Administración en este aspecto”.

En definitiva, trabajar con la Administración representa grandes oportunidades para las empresas, que, además de asegurarse el cobro, consiguen otros beneficios como el prestigio de colaborar conjuntamente con el sector público. Se manifiesta al respecto Juan Manuel Tomás, director de preventa de Exact Software Spain: “El prestigio que aporta el que tales clientes confíen en nuestras soluciones es un claro exponente de la fiabilidad que ofrecen nuestros productos y nuestra empresa”. De hecho, trabajar codo con codo con una “empresa” de tal magnitud puede aportar mucha visibilidad sobre ciertos negocios y hacerlos apetecibles y reconocibles por el gran público. Por no hablar, de que la marca gana a un cliente recurrente (para muchas compañías la AAPP supone más de la mitad de su facturación y si la experiencia es satisfactoria suelen repetir). Félix Prieto, director general de 3Com Iberia no vacila al decir: “Es cierto que las ofertas del sector público requieren un mayor esfuerzo, en términos de tiempo y esfuerzo, pero esto se compensa por el hecho de que, a menudo, las relaciones que se crean con el cliente suelen ser a largo plazo”. Lo mejor de todo es que el sector de la Administración Pública está en pleno crecimiento.

Tecnologías en alza
En lo que respecta a la tecnología más demandada por los poderes públicos, podría decirse que, por lo general, toca varios palos: comunicaciones, sistemas, seguridad, desarrollo y servicios, por citar algunos. No obstante, Vences Benito, de Satec, explica que, en la actualidad, los trabajos que más solicita el Estado “son servicios que permitan externalizar parte de su actividad y soluciones enfocadas a la eAdministración”. Este último aspecto también es recalcado por Margarita López Sánchez, directora de sector público de Sadiel, consultora que trabaja mucho con la Junta de Andalucía y que factura por esta vía cuatro de cada diez euros. López Sánchez explica cómo la Administración demanda una mejor relación electrónica y multicanal con el ciudadano mientras que las empresas precisan del poder público “una reducción de las barreras burocráticas mediante servicios y trámites online que, además, reducen los costes”. Todo sea por caminar hacia una sociedad de la información real y accesible. Pablo Benito, director regional de Osiatis, compañía especializada en la gestión de infraestructuras TI, confirma que las administraciones locales españolas están realizando un esfuerzo importante en cuanto a modernización e implementación de nuevas tecnologías y servicios, “especialmente en las áreas de seguridad, comunicaciones y uso de la plataforma Internet”. Al parecer, el cumplimiento de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos sigue su curso, pero de manera desigual, continúa este directivo, “La Administración Electrónica en España se encuentra desigualmente desarrollada si comparamos la situación de la Administración Central y las Comunidades Autónomas con la de la Administración local, como consecuencia de su tamaño”. Según estas declaraciones la clave de un futuro negocio podía estar en consistorios u organismos públicos de municipios o poblaciones. No obstante, los ayuntamientos se caracterizan con una financiación siempre difícil.

También los fabricantes hacen sus cábalas al respecto. Orlando Murias, director de sector público de Oracle Ibérica, declara que el principal reto de la Administración ha sido y es mejorar la atención al ciudadano, impulsar la sociedad de la información con la optimización continua de los sistemas educativos, sanitarios, sociales y comerciales, así como reforzar la transparencia de la gestión. Y para ser un buen aliado antes estos desafíos hay que apostar por un mayor número de proyectos de investigación, desarrollo e innovación: “Por ello los proveedores de tecnología ponemos cada vez más foco en ofrecer soluciones que realmente creen valor a los gestores de la AAPP, que sean útiles ante la demanda de los ciudadanos”. Y es que para este directivo todo son ventajas ya que se trata del sector que más apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías lo que le convierte en un referente para el resto de canales. Igualmente José Ángel Cortijo, director de sector público en Sun Mycrosystems Ibérica, considera que, como proveedor de soluciones TIC, es prioritario ayudar a las AAPP a avanzar hacia la sociedad de la información. Para ello impulsan iniciativas de desarrollo compartido sobre modelo sistemas abiertos y apuestan por la innovación “a través de modelos de virtualización y eco-eficiencia en las áreas de sistemas, servicios y software”. En cuanto a soluciones tecnológicas utilizadas por la Administración, este directivo subraya dos áreas de especial interés: plataformas basadas en open source y seguridad. Respecto a la primera, puntualiza Cortijo, “aunque aún queda mucho camino por recorrer, es justo reconocer el esfuerzo que está llevando a cabo la Administración Pública española por igualarse a otros países europeos que ya han optado por este modelo”.

A la vista de estas declaraciones, integradores y fabricantes coinciden en que las peticiones tecnológicas más demandadas tienen que ver la eAdministración, un concepto global que implica la compra tanto de software como hardware así como servicios y mantenimiento. Por ejemplo, Andrés Miramontes, director de canal de NetApp Iberia, comenta cómo la creciente demanda en innovación y tecnología en las AAPP españolas genera gran cantidad de información digital que necesita de soluciones flexibles y escalables de almacenamiento y gestión de información, dispositivos con son la fuente de negocios de este fabricante. Pero tampoco hay que dejar atrás la externalización de tareas y la sostenibilidad, así como otros valores como la eficiencia energética (con el cumplimiento de objetivos de responsabilidad social corporativa), la innovación y la reducción de costes, ámbitos en los que se mueven muy bien tecnologías como virtualización o cloud computing.