La lucha contra el software ilegal continúa siendo un tema de actualidad. La prueba más evidente en los últimos meses ha sido la creación del Certificado de Sistemas de Gestión del Software Original. Se trata de una iniciativa de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) que cuenta con el apoyo de otras organizaciones como la BSA. Ésta última ha colaborado en la reglamentación del nuevo certificado y, además, ha aportado sus conocimientos en el área de auditoría informática.

Este certificado de gestión distinguirá a las empresas que sepan compatibilizar su actividad con un control responsable de las licencias de las aplicaciones informáticas utilizadas en la empresa. En definitiva, se pretende que las compañías incorporen prácticas de gestión de las licencias que permitan un mayor control de sus activos informáticos, a la vez que asegura un cumplimiento de la ley vigente sobre propiedad intelectual. Cinco firmas están ya a punto de recibir el certificado de AENOR

Parece que ninguna medida es suficiente para afrontar las pérdidas que la industria de la informática soporta debido a las copias ilegales de programas. Según datos de AENOR, en 1999 las pérdidas ocasionadas por la piratería ascendieron a 47.000 millones de pesetas. Además, el índice de piratería en el mismo periodo en España fue del 53 por ciento, frente al 34 por ciento de media europeo en el mismo año. Pero más allá del dinero, hay otras cifras no menos sorprendentes. Reducir estas prácticas en un 27 por ciento para el 2001 supondría crear 44.000 puestos de trabajo.

Hace dos años el 30 por ciento de las tiendas españolas, según la BSA, incluían programas piratas en sus equipos nuevos. Con todas estas cifras, España se sitúa como uno de los países con índices más altos de piratería.
Pero, ¿qué beneficios obtendrá la empresa que consiga el Certificado AENOR de Gestión de Software Original? Para empezar, la compañía podrá sacarle partido comercial y demostrar ante terceros, ya sean clientes o proveedores, su seriedad y respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de los productores de software. Además, con este sistema, la entidad puede obtener una certificación de reconocimiento internacional fundamentada en los principios de independencia, imparcialidad, transparencia y objetividad para avalar el buen hacer de la compañía. Gracias al certificado se limitará la responsabilidad penal al poder demostrar, por el simple hecho de poseerlo, que no existe fraude, puesto que cuenta con una política de control interno de gestión de su software original. Por otra parte, la BSA lo considerará en sus actuaciones judiciales mientras el certificado esté vigente, ya que la lista de las empresas certificadas por su respeto de los derechos derivados de la propiedad intelectual del software es pública. Por último, las compañías mejorarán la racionalización de su gestión del software y disfrutarán sin restricciones del servicio de las compañías informáticas más importantes del mundo, simplemente por ser sus clientes y disponer de programas originales. Este certificado conciencia a las empresas españolas de las ventajas que conlleva la adquisición y utilización de software original, entre las que destacan el control empresarial sobre el uso de los sistemas informáticos de los empleados, la reducción de pérdidas por virus informáticos o el ahorro en costes de software por una correcta implantación de un sistema de gestión de activos, ha explicado Paloma Marcos, del departamento de relaciones externas de AENOR.

El presidente de la Asociación de España de Empresas de Tecnologías de la Información (Sedisi) ha reconocido el valor de esta certificación como un distintivo de la calidad y garantía de comportamiento responsable por parte de las empresas que desarrollan su actividad con la ayuda de aplicaciones informáticas.
La tramitación de la certificación comienza con la correspondiente solicitud, que irá acompañada de un cuestionario diseñado por AENOR y en el que se especificarán los siguientes asuntos las políticas y procedimientos existentes en la empresa para el control y gestión del uso legal del software; el alcance de la auditoría a realizar indicando las plataformas y arquitectura tecnológicas incluidas en la rescisión; la identificación de ordenadores y áreas de usuarios de los mismos y, por último, el inventario o registro del hardware y software utilizado. Después, AENOR realizará un análisis de la documentación en sus oficinas. Más tarde, se realiza una auditoría en las oficinas del peticionario cuyo fin principal es analizar y comprobar la implantación de las políticas y los procedimientos. Continúa el proceso con la evaluación del informe de la auditoría y el posible plan de acciones correctoras que haya hecho el peticionario. Tras la evaluación final, AENOR decidirá conceder o denegar el certificado que tiene un periodo de vigencia de tres años. Durante el período de validez, los servicios de AENOR efectuarán auditorías de seguimiento a la empresa que solicita la licencia con el fin de comprobar si se mantienen las condiciones necesarias. Estas auditorías se establecen generalmente con una periodicidad anual.