La asociación que representa a la industria del software y actúa en defensa de sus derechos de propiedad intelectual, la Business Software Alliance (BSA), acaba de revelar que durante 2007 se llevaron a cabo en España un total de 357 acciones legales contra empresas, distribuidores y entidades que supuestamente copiaron de forma fraudulenta. Según BSA, a lo largo del año anterior, se efectuaron un total de nueve registros en empresas por tener programas instalados en sus ordenadores sin la correspondiente licencia, lo que les supuso un coste medio de 53.390 euros en concepto de indemnizaciones. Además, se dictó una sentencia penal por delito contra la propiedad intelectual del software, se presentaron 13 demandas contra empresas presuntamente usuarias de software sin licencia, de las cuales nueve fueron objeto de registro judicial, y fueron enviados a la Policía un total de 20 casos. El resto de las acciones correspondieron a cartas enviadas a las empresas, bien avisándoles de las consecuencias de tener instalado software ilegal, o bien solicitando información sobre el estado de sus licencias de software, en ambos casos por existir indicios de práctica fraudulenta.
Para la BSA algunas de las medidas de los gobiernos para reducir la piratería deben basarse en actualizar las leyes nacionales de copyright para implementar las directrices de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO); incluir duras leyes antipiratería; aportar mayores recursos para mejorar la aplicación de la ley, la colaboración internacional y la formación; y exigir que el sector público utilice únicamente software original.