El Juzgado de lo Penal número 5 de Barcelona ha condenado a un establecimiento informático de Barcelona por un delito continuado contra la propiedad intelectual. En concreto, el técnico de la empresa Arts Informática SA ha sido condenado, con atenuantes por reparación del daño, como autor responsable de un delito contra la propiedad intelectual a la pena de 15 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (por lo que durante el tiempo de la condena no puede presentarse como candidato en procesos electorales) y 18 meses de multa con una cuota diaria de cuatro euros, lo que supone un montante de 2.160 euros.

La sentencia refleja que la empresa Arts Informática SA poseía, con intención de instalarlos en los ordenadores de los clientes que así lo solicitaran, ocho soportes digitales de grabación (CD) con el sistema operativo Windows, propiedad de Microsoft, en diversas ediciones, algunas de ellas modificadas, incluyendo el número de serie, y otros dos CD en los que en idénticas condiciones se contenía la aplicación Office, también propiedad de Microsoft. Cuando la instalación le era solicitada, el técnico de esta empresa procedía a realizarla sin que se abonase importe alguno a Microsoft, ni se pagaba la licencia, y, además, con el objetivo de que esta instalación ilegal no fuera descubierta, ésta no se incluía en la factura.

Las acciones legales emprendidas por Microsoft contra el distribuidor de software ilegal forman parte del Plan de Protección del Cliente de Windows de la compañía. Antes de iniciar cualquier proceso judicial, Microsoft se pone en contacto con el distribuidor para informarle acerca de los riesgos que entraña esta práctica ilegal y hacerle saber que distribuir programas sin licencia supone un delito contra la propiedad intelectual.
Microsoft ofreció al distribuidor denunciado la posibilidad de participar en campañas conjuntas de marketing, ayudas comerciales y asesoramiento con el objetivo de facilitarles la venta de software original. Las denuncias se han llevado a cabo sólo contra aquellos distribuidores que han hecho caso omiso de estas alternativas y han manifestado un evidente ánimo de lucro vendiendo programas sin certificación legal.