Por Juan Ignacio Cabrera

Desde hace un par de meses, la iniciativa Escuela 2.0, impulsada por el Gobierno de Zapatero y con la que se pretende dotar de ordenadores portátiles a todos los alumnos de 5º de Primaria durante este curso escolar, lo que supone la adquisición de unos 420.000 equipos, trae de cabeza al sector. La existencia de concursos con condiciones draconianas imposibles de asumir y la existencia de fórmulas de financiación variopintas en cada comunidad autónoma, unido a la falta de apoyo al proyecto por parte de algunas regiones por veladas discrepancias políticas [los gobiernos regionales pagan la mitad de la factura, que asciende a 200 millones de euros], suponen un enredo para una industria tecnológica poco acostumbrada a las tramas palaciegas.

Además, la distribución se ha quejado porque ve que se la está dejando al margen. A primeros de octubre fue Addeti, la Asociación de Distribuidores y Detallistas Españoles de Tecnología de la Información, la que decía sentirse “consternada” al ver cómo los concursos se iban a dirimir con un contrato directo con el fabricante. Pero no ha quedado ahí la cosa y hace unos días algunos distribuidores catalanes se han quejado de que las marcas estén acudiendo a los concursos de la mano de los bancos y de otras instituciones financieras, y no de su red comercial. Concretamente, un mayorista ponía el grito en el cielo y recriminaba a Toshiba que recientemente se hubiera llevado un concurso en Cataluña en colaboración con PromoCaixa.

CHANNEL PARTNER ha querido conocer la versión de Toshiba. Pablo Romero, director de marketing de la compañía, que asegura que la empresa “se ha adjudicado los concursos más importantes realizados hasta la fecha, como los de Andalucía y Cataluña”, se defiende y afirma que en todos estos proyectos “siempre pone los productos en manos del cliente final a través las figuras que forman parte del canal de distribución, nunca de manera directa, ya sea a la hora de entregarlo a la Comunidad Autónoma, los colegios o los niños, según el procedimiento establecido en cada caso”.

Romero, que rechaza la crítica de los distribuidores catalanes, también alude a que la compañía compite en un mercado y por unos clientes que tienen unas necesidades específicas “y que para atenderlos es necesario cumplir con una serie de requisitos, lo que puede suponer el uso de un determinado canal de venta o distribución”.

Por otra parte, Toshiba valora muy positivamente el proyecto Escuela 2.0, tanto por lo que significa de avance en el modelo educativo español, como por lo que representa para el sector de las TIC. Sin embargo, por boca de su director de marketing, reconoce que no será sencillo ponerlo en marcha y que se corre el riesgo de que los plazos se alarguen. “También hay que tener en cuenta la complejidad que supone el que este proyecto se tenga que adaptar a las necesidades de 17 comunidades autónomas”, señala Romero.

Desde Toshiba, que, a las órdenes de Alberto Ruano, lleva más de seis años volcada en el sector educativo, aseguran que la confusión aparece “cuando las empresas que quieren participar no tienen la experiencia necesaria, ni disponen de las estructuras adecuadas para dar soluciones y los servicios que cada Comunidad Autónoma está planteando”.