La recaudación por IVA, que representa un indicador fiel del dinamismo del consumo de las economías domésticas y de la actividad de la empresas, registró un retroceso del 29,9% en este periodo, hasta situarse en 18.420 millones de euros, debido principalmente a la evolución negativa del mercado de la vivienda y la caída del gasto en consumo de las familias.

Asimismo, los ingresos derivados del IRPF, que recogen los pagos fraccionados ingresados por los autónomos y las cantidades retenidas por las empresas a sus empleados, experimentaron también una bajada del 14,6%, situándose en 27.702 millones de euros en este periodo, lo que supone una desaceleración de tres puntos con respecto al ritmo acumulado hasta abril, debido al mayor adelanto de las devoluciones y el descenso de las retenciones de capital en mayo.

Los ingresos derivados del Impuesto de Sociedades, la principal fuente de ingresos del Estado después del IRPF y del IVA, registraron una bajada del 20,7% en los cinco primeros meses del año, situándose en 5.356 millones de euros, debido a la caída de los beneficios empresariales por la crisis, así como el aumento de las solicitudes de aplazamiento o pago fraccionado ante la falta de tesorería y fuerte endeudamiento que padece el sector empresarial español.   Aumenta la economía sumergida

Los Técnicos de Hacienda estiman que si bien este retroceso de los ingresos del Estado responde lógicamente a la fuerte caída de la actividad económica y el consumo, advierten que también obedece al aumento de la economía sumergida en una coyuntura donde las dificultades económicas promueven la “picaresca” e incitan a los contribuyentes a defraudar antes que a cumplir sus obligaciones fiscales.

En este sentido, recordaron la importancia de reforzar la lucha contra el fraude para que afloren las bolsas de dinero negro existentes en España, con el fin de evitar que la situación del déficit público, represente un riesgo para la estabilidad presupuestaria o fuertes recortes en el gasto social. La economía sumergida en España se sitúa en el 23% del PIB, lo que supone que existen actividades económicas por importe de más de 240.000 millones de euros que no pagan impuestos, por lo que se dejan de ingresar casi 90.000 millones de euros anuales.

Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda consideran “prioritario” que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales. Para ello, consideran “imprescindible” autorizar a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda, para que asuman las responsabilidades de su efectiva aplicación. En este sentido, recordaron que el Congreso de los Diputados aprobó el 19 de mayo dos Resoluciones del Debate del estado de la Nación sobre la necesidad de realizar esta autorización.