El conflicto se remonta a diciembre de 2005, fecha en la que la CMT presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra un decreto que desarrollaba el reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración.

La CMT consideraba que dicho decreto, así como el Plan de Nacional de Numeración Telefónica, infringen el reparto de competencias y va en contra de la legislación europea. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no lo ha visto así, y señala en su sentencia que la directiva comunitaria “no se opone a que varias autoridades de reglamentación independientes compartan las funciones de asignación de numeración nacionales y de gestión de los planes nacionales de numeración, siempre que el reparto de las misiones se haga público, sea fácilmente accesible y se notifique a la Comisión de las Comunidades Europeas”.
Asimismo establece que, en caso de que el Gobierno otorgue competencias a autoridades ministeriales, deberá velar porque éstas no estén directa o indirectamente implicadas en funciones de explotación de las redes de telecomunicaciones.