La compañía Alcatraz Solutions está alertando a los máximos responsables de empresas, de que pueden no haber reparado en que, desde el 23 diciembre de 2010, fecha en la que entró en vigor la Ley Orgánica 5/2010 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sobre los riesgos que comprende controlar los elementos de seguridad, disponibilidad, rendimiento y cumplimiento derivados del uso de las TIC en sus compañías se le ha sumado una nueva responsabilidad, en este caso vinculada expresamente a las personas jurídicas, que puede llevarles a la cárcel por un periodo comprendido entre los seis meses y los dos años.

Según el Directorio Central de Empresas, el número de centros productivos existente en España a 1 de enero de 2011 se elevaba a 3.250.576 (el 95% de ellas pymes). De todas ellas, no llegan a 600.000 las compañías que están adaptadas a la normativa de la Ley Orgánica de Protección de Datos y disponen de un sistema para proteger los datos personales de sus clientes, trabajadores, asociados, etcétera. Esto quiere decir que los máximos responsables de casi 2.700.000 empresas corren un alto riesgo de enfrentarse a la responsabilidad penal que marca la Ley.

En el caso concreto de los delitos informáticos, las conductas punibles son dos. La primera, relativa a los daños, donde quedarían incluidas las consistentes en dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos o programas informáticos ajenos, así como obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema informático ajeno. La segunda se refiere al descubrimiento y revelación de secretos, donde estaría comprendido el acceso sin autorización vulnerando las medidas de seguridad a datos o programas informáticos contenidos en un sistema o en parte del mismo. 

La solución, se encuentra, según Leopoldo Mallo, director general de Alcatraz Solutions, empresa especializada en cumplimiento normativo, en "adecuar los sistemas de las empresas para cumplir la normativa y disponer de una herramienta que permita proteger los datos personales de clientes, trabajadores, asociados, etcétera, algo muy sencillo que evita riesgos, como la responsabilidad penal y multas que van de los 900 a los 600.000 euros”.