A principios de este mes de julio, el Consejo de Ministros decidía recuperar el sistema de canon digital que obliga a los fabricantes o importadores de dispositivos electrónicos a compensar a los autores de cine, música o literatura por sus creaciones. Era un petición de las sociedades de gestión de derechos de autor, que se quejaban de que España fuera el único país del entorno europeo donde esta compensación salía de los Presupuestos Generales del Estado, y no de la industria que pone en el mercado los teléfonos, discos duros o pendrives que supuestamente sirven para copiar.
Además, con carácter temporal, se ha establecido que los fabricantes e importadores abonen desde 5,25 euros por un escáner o impresora, a 33 céntimos por un CD o 24 céntimos por un lápiz de memoria. Por su parte, los teléfonos móviles, capaces de guardar fotos, vídeos y todo tipo de documentos, pagarán 1,10 euros.
En una primera reacción, Ametic, la patronal de fabricantes, importadores y distribuidores del sector tecnológico, decía que el nuevo canon va encarecer el acceso a tecnología a los usuarios finales, por encima del daño que producen los dispositivos a los derechos de los autores. La asociación que preside Pedro Mier aseguraba en una nota que el Gobierno no había tenido en cuenta los estudios que sobre el daño causado fueron realizados por la propia Secretaría de Estado de Cultura entre los años 2012 y 2016, y que lo fijaba en aproximadamente 12 millones de euros.
Un canon de 70 millones de euros al año
En una nota emitida ayer, Ametic dice que, teniendo en cuenta el listado de equipos que define la norma para el periodo transitorio y las tarifas determinadas, la cantidad recaudada anualmente en concepto de canon rebasará los 70 millones de euros, “lo que supera considerablemente el perjuicio causado por la copia privada”.
Ametic pide ahora que el canon no compense “otros perjuicios que puedan sufrir los autores, como pueda ser la piratería o los usos ilícitos”. Además, la patronal se queja de que, entre las modificaciones realizadas en este Real Decreto-ley para adaptar el sistema a la jurisprudencia europea, “se ha incluido un sistema de exenciones y de reembolsos que el sector considera resultará ineficaz”.
En el caso de las exenciones, las empresas privadas deben solicitar un certificado a una entidad creada por las propias entidades de gestión, recuerdan desde Ametic, que considera que estas certificaciones se deberían emitir por un organismo independiente. En el caso del sistema de reembolso, Ametic dice que el sector tecnológico tampoco lo considera efectivo, “a tenor de la experiencia similar que se puso en marcha en Francia, en donde las solicitudes de reembolso por parte de empresas es inferior al 0,65%”.
