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El plazo medio de pago en las administración es de 111 días

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El ultimo estudio de la PMcM certifica que los plazos están bajando en España, aunque todavía siguen muy por encima de lo que marca la ley. En el sector privado están en 85 días

plazos de pago
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Mejora el panorama de los pagos en España. El informe anual de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) indica que en 2013 mejoraron los plazos de pago tanto por parte del sector privado (-8,6%) como del público (-21,3%), aunque todavía siguen lejos de los períodos establecidos en la ley.

Según el informe de la PMcM, elaborado a partir de cerca de 1.000 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas, la Administraciones Públicas tardaron en 2013 en pagar a sus proveedores casi cuatro veces más que lo que marca la ley (30 días), a una media de 111 días, un registro inferior en 30 días al que se estimó para el año anterior, que fue de 141 días. Por su parte, en 2013 el plazo medio de pago en el sector privado fue de 85 días (frente a los 60 que establece la ley), lo que supuso una disminución de ocho días respecto a las estimaciones efectuadas para 2012 (93 días).

Estas mejoras se perfilan “todavía insuficientes porque las cifras distan mucho de los plazos permitidos por la ley”, asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, quien recuerda que “hay que acabar cuanto antes con este tipo de abusos; la lacra de la morosidad ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”.

Datos del estudio han desvelado que el 68% de las empresas encuestadas (solo 2,7 puntos porcentuales menos que el año anterior), tuvo durante 2013 contratos o acuerdos comerciales con clientes del sector privado que les exigían plazos de pago superiores a los 60 días que establecía la Ley 15/2010, “una situación de abuso que desde la PMcM denunciamos el año pasado en reiteradas ocasiones”, señala Cañete.

El informe también apunta que el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 5,1%, lo que significó una reducción de 1,9 puntos porcentuales respecto a 2012 (7%). En caso de sufrir impagos, solo un cuarto de los encuestados exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, frente al 75% restante que nunca o casi nunca lo hicieron durante 2013. Entre las causas que apunta Cañete, podría deberse “sobre todo más al miedo que al propio desconocimiento”, basándose en que el 79,5% de los encuestados ha asegurado conocer la existencia de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre y de las modificaciones introducidas por el art. 33 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, aunque bien es cierto que “no deja de sorprender que un 20,5% de las empresas aún la desconozca”.

El informe de la PMcM también ha desvelado que del 40% de las empresas que cumplían los requisitos para acogerse al IVA de caja, tan solo lo hicieron el 15% de ellas. Para acabar con este abuso, la PMcM recuerda una de sus propuestas, que consiste en que el Gobierno invierta el sujeto pasivo para que el proveedor (en su mayoría pymes) quede exonerado del anticipo del impuesto y se ponga de manifiesto qué clientes (muchos son grandes empresas) no pagan sus facturas a tiempo.

Por otro lado, para reducir de forma efectiva la morosidad, la PMcM plantea implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia; que haya un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratados; crear el Observatorio contra la Morosidad, que contempla la participación activa y explícita de la PMcM, y cuya puesta en marcha permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos en nuestro país; y establecer un régimen sancionador.

En este sentido, el informe de la PMcM recoge la opinión de las empresas sobre si creen necesario implantar este sistema para solucionar el problema de la morosidad. Casi la totalidad de los encuestados (94%) manifestó estar a favor. Desde los inicios de la PMcM, una de sus mayores reivindicaciones ha sido la puesta en marcha del régimen sancionador, con el que se pretende normalizar los pagos entre compañías con multas desde 30.000 hasta 900.000 euros.

En estos momentos se encuentra en trámite parlamentario, de la mano de CiU y a petición de la PMCM, a la espera de que salga adelante con el apoyo del resto de grupos parlamentarios, tal y como avanzaron durante la II Cumbre de Morosidad organizada por la PMcM. El presidente de la entidad ha recordado que “es necesario que se cumpla este compromiso para poner fin a la morosidad”.

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