Así lo prevé la nueva ley de refuerzo en la lucha contra la morosidad en operaciones comerciales que ha comenzado a debatirse en el Congreso y que, de momento, parece que cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. El Gobierno continúa dando pasos para reducir los plazos de pago y adecuarlos al resto de países europeos que todavía nos llevan mucha ventaja en la implantación de medidas contra la morosidad.
De acuerdo a dicha norma, las empresas que no cumplan con los periodos medios de pago legales no podrán acogerse a determinadas ventajas fiscales o en la cotización a la Seguridad Social. En las licitaciones públicas se exigirá a los grandes contratistas una certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago y habrá incentivos para aquellas empresas que adopten el régimen del IVA de caja. La Ley contempla la implantación del Sistema Arbitral de Morosidad, para resolver conflictos entre empresas o entre una empresa y la Administración, y exigencias respecto a la transparencia en los plazos de pago.
Además, el Observatorio de la Morosidad, del que formará parte la PMcM, asesorará, evaluará y colaborará con las instituciones privadas y públicas para la elaboración de estudios y propuestas de actuación. El presidente de la PMcM, Antonio Cañete, considera que el apoyo de todos los grupos políticos a la Ley “es una magnífica noticia ya que se trata de un paso hacia delante en la lucha contra la morosidad, si bien no hay que olvidar que lo que se ha conseguido hasta el momento es pasar el primer trámite para que la Ley se apruebe”. “A partir de aquí, la norma tendrá que ser debatida entre los partidos políticos”, apunta
“Hay que ser prudentes porque seguimos solicitando, como sucedió ayer, un gran trato político para erradicar la morosidad y no podemos hacer más que trucos y seguir estando en la cola de Europa en un tema tan importante para el país y las empresas”, añade.
