Opinión

El umbral de saciedad en las adjudicaciones públicas

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en marzo de 2018, se planteó como uno de los objetivos principales a la hora de llevar a cabo proyectos con la Administración conseguir una mejor relación entre la calidad y el precioen las adquisiciones públicas, de manera que, desde ese momento, los criterios de adjudicación se deben plantear con esa meta. 

Consideraciones sociales, medioambientales, de innovación y de desarrollo tienen que estar presentes en las licitaciones a la hora de diseñar los criterios de adjudicación, de la misma manera que se tienen en cuenta el precio y el coste del ciclo de vida como criterios económicos y cuantificables a los que se les aplica una fórmula de valoración inmediata.

En cuanto al criterio precio, la fórmula elegida para su valoración es sumamente importante, ya que provoca, cuando la elección no es acertada, ineficacias en la contratación pública. Una fórmula adecuada es aquella que permite fijar un porcentaje máximo de baja a partir del cual la empresa licitadora no podrá obtener mayor puntuación, es decir, establece unas bajas máximas de los importes de licitación.

Nuevo criterio del TACRC sobre los umbrales de saciedad

En anteriores resoluciones, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) estableció que, en la medida en la que la ley permitía que el factor coste pudiera operar como precio fijo -de forma que los licitadores solo compitieran en función de los criterios de calidad-, no era admisible establecer, legalmente, índices de saciedad que limitaran, en la valoración de la oferta económica mediante el criterio precio, la atribución del máximo de puntos posibles a las ofertas de las empresas que alcanzaran un máximo de baja, de forma que a partir de ese cifra, no se pudieran obtener más puntos aunque se redujera el precio más allá del límite fijado. Es decir: prefería que los precios de las empresas licitadoras fueran los que ellas decidieran libremente.

Sin embargo, con la nueva resolución 853/2019, de 18 de julio, el Tribunal establece que sí se pueden establecer esos umbrales de saciedad en el criterio de adjudicación precio, pues es conforme a la Directiva 2014/24/UE, sobre la que se desarrolló la actualización de la ley que entró en vigor en marzo.

El Tribunal justifica que “si el órgano de contratación puede reducir la ponderación del criterio precio respecto de los demás criterios objetivos y subjetivos, con mayor razón puede aumentar la ponderación de aquel y fijar un límite máximo de la reducción de precio que los licitadores pueden ofertar a partir del cual no obtengan puntos adicionales, con lo que se cumple el criterio del Tribunal de Justicia de la UE que dicta que una oferta más cara obtiene más puntos que otra de precio inferior a aquella”.

Alega el Tribunal, además, que “en modo alguno puede afirmarse que solo cabe combatir la oferta de precios excesivamente bajos mediante el procedimiento de las ofertas anormalmente bajas o temerarias y que puede conducir a la exclusión de la oferta temeraria y no mediante la adopción de medidas complementarias que desincentiven la excesiva bajada de precios, como la reducción progresiva de la puntuación a partir de un determinado nivel de reducción de los precios o la no concesión de puntos adicionales a las ofertas que sean inferiores a una determinada cifra (umbral de saciedad)”.

Consecuencias del establecimiento del umbral de saciedad

Una de las consecuencias más importantes a la hora de establecer un umbral de saciedad en las ofertas públicas es que no se discrimina a las ofertas con el precio más bajo, ya que la oferta con el precio menor no obtendría menos puntos que otras, como ocurre en las fórmulas en las que se premia a las ofertas que están más próximas a la media que a las inferiores.

Además, al existir umbral de saciedad en una licitación, es lógico pensar que los licitadores se aproximen al mismo, provocando una igualdad en la puntuación del criterio precio, con lo que la adjudicación se dirimiría mediante la puntuación de los criterios sujetos a juicio de valor, con independencia del peso que estos tengan.

Todo esto no deja de ser, hasta cierto punto, mera especulación pues habrá que ir comprobando, conforme se vayan publicando licitaciones en las que se indique un umbral de saciedad, las consecuencias efectivas que tiene la instauración de un índice de este tipo para la aplicación del criterio precio cuando opere conjuntamente con los otros criterios ya citados anteriormente, tanto cualitativos como cuantitativos.

LA PREGUNTA
El crecimiento de la economía se está ralentizando. ¿Hasta qué punto lo está notando en su negocio?