La Policía Nacional ha desmantelado tres laboratorios destinados a fabricar dispositivos electrónicos para piratear videoconsolas. Según informa Aevi, Asociación Española de Videojuegos, la operación se desarrolló en las ciudades de Sevilla, Valencia y Alicante, y se saldó con la detención de tres personas por un delito contra la propiedad intelectual. La Policía realizó cinco registros en los que intervino más de 1.150 dispositivos de neutralización y en torno a 1.000 tarjetas microSD, así como múltiples videojuegos pirateados. La función de los dispositivos era la de suprimir las medidas técnicas de seguridad para hacer uso de juegos ilegales en videoconsolas oficiales.
En los laboratorios desmantelados se fabricaban concretamente tarjetas R4 y similares, con capacidad de neutralizar las medidas técnicas de seguridad de la videoconsola portátil Nintendo 3DS. Además se ofrecían tarjetas de memoria microSD que contenían entre 100 y 300 juegos piratas y un DVD con juegos intercambiables. Los implicados vendían los packs de videojuegos y terminales neutralizadores por un valor de entre 15,80 y 95 euros a través del portal Milanuncios.com y otras páginas. Cuatro de los registros se realizaron en domicilios particulares y uno en una oficina de empresa. La Policía también se ha incautado de diversos ordenadores que contienen evidencias de la actividad delictiva y documentación sobre la comercialización y facturación.
El proceso se inició gracias a las denuncias interpuestas por la propia Asociación Española de Videojuegos (AEVI), por un delito contra la propiedad intelectual, tras detectar en Milanuncios.com y en las webs oficiales de algunos de los acusados la oferta. José María Moreno, director general de Aevi, ha recordado que “la piratería dificulta a la industria su consolidación, con la generación de empleo y la captación de talento asociada a ello”. De acuerdo con los datos del Observatorio de la Piratería, publicado por la Coalición de Creadores, sólo durante 2016 se produjeron 223 millones de accesos ilegales a videojuegos por valor de 5.608 millones de eurosy un lucro cesante de 247 millones de euros. En este sentido, Moreno ha reclamado “poner en valor las aportaciones de los creadores de videojuegos y seguir trabajando conjuntamente para avanzar en esta materia y aplicar de forma eficaz la normativa existente”.
