Una de las medidas recientemente anunciadas por el nuevo Gobierno es que la recaudación por el canon digital no procederá de la venta de productos tecnológicos susceptibles de ser utilizados para realizar copias, -como sucedía hasta la fecha-, sino que va a ser una asignación que dará el propio Estado, con cargo a los presupuestos, a las entidades de gestión.
Ameticha aplaudido esta propuesta, tal y como recoge la agencia Europa Press. Jesús Banegas, presidente de la Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales, ha felicitado al Ejecutivo por la eliminación de esta tasa, medida que ha calificado de “anacronismo”. Asimismo, ha declarado que con esta supresión “España se sitúa en el lugar que tiene que estar; no a remolque de políticas retrógradas, sino a la cabeza”.
Por otra parte, Banegas ha indicado: “Lo que tenemos que hacer es, en vez de estar contra el canon, es estar en contra de la piratería, que es lo que hay que erradicar”. Y ha animado a la sociedad civil y a las empresas a utilizar “la creatividad para generar modelos de negocio que permitan la explotación de los derechos de autor de todo tipo”, utilizando para ello nuevas herramientas en la producción y distribución de los contenidos.
La patronal ha criticado que se han estado abonando más de 100 millones de euros cada año en concepto de canon por copia privada por parte de los usuarios. No en vano, y por citar algunos ejemplos, desde 2008 el consumidor ha estado pagando 30 céntimos por cada memoria USB adquirida; 3,40 euros en el caso de grabadoras CD+DVD; 3,15 euros si nos referimos a reproductores MP3/MP4; 9 euros por la compra de un escáner y hasta 12 euros si se trataba de un disco duro externo o unidad autónoma de almacenamiento, la categoría de producto más afectada por la medida. De este gravamen estaban exentos autónomos y empresas tras la sentencia que dictó el Tribunal de Justicia de la UE en octubre de 2010. Y es que esta carga, que se estableció en España en 1987 para compensar a los autores por la reproducción de sus obras llevada a cabo por particulares, ha sufrido continuos vaivenes legislativos. Como en 2006 con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que extendió la tasa a todos los soportes digitales mediante una tarifa que se encargaba de regular cada dos años una orden ministerial conjunta de las carteras de Industria y Cultura.
