El sector español de software ha instado a las administraciones públicas a que respeten los principios de neutralidad y discriminación a la hora de contratar tecnologías de la información, para no perjudicar al sector tecnológico español y a las propias instituciones. Este pronunciamiento se produjo en el foro «Software y administraciones públicas en España: políticas y retos», celebrado en SIMO con la participación de más de 60 cargos de la administración y de representantes del sector español de soluciones informáticas, y organizado por la Iniciativa para la Elección del Software, un lobby formado por más de 300 proveedores de programas. Ambos grupos de participantes convinieron en que lo más positivo para los dos es garantizar la neutralidad en la contratación pública para no distorsionar el mercado ni socavar la competencia. Carlos Fernández-Gallo, jefe del área de informática de la Subdirección General de Empresas de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, declaró que las administraciones públicas deben ser capaces de elegir las soluciones que mejor se ajusten a sus necesidades y al binomio calidad-precio, sean software libre o software propietario. Y todo ello sin establecer preferencias iniciales. «La mejor manera de conseguir esa libertad de elección es mantener un mercado competitivo en el que todos los proveedores puedan ofrecer sus productos en igualdad de condiciones», declaraba Fernández-Gallo. Por su parte, Ángel Herrera, miembro de ISC en España, argumentaba que las preferencias arbitrarias en la contratación favorecen a unos proveedores y discriminan a otros. Y así ha añadido que la postura de la administración ha de ser la de alejarse de esas prácticas discriminatorias.
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