Todo apunta a que el Gobierno se pronunciará sobre el canon digital en octubre, aunque, como sostiene una fuente de Asimelec muy próxima a la negociación, cabe la posibilidad de que los ministerios implicados (Industria, que defiende los intereses de los fabricantes de dispositivos, y Cultura, que hace lo propio con los creadores), no muevan ficha y dejen extinguir el plazo de dos años desde la aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual, que data de junio de 2006, que es el intervalo de tiempo estipulado en un principio para dar con la tasa definitiva. De esta manera, habría otro bienio para consensuar una salida. Esta misma fuente aseguraba, de todas formas, que la tardanza crea mucha incertidumbre en el usuario y en la cadena de ventas, aunque, por otro lado, mejora la posición de las patronales de fabricantes a la hora de negociar uno de los aspectos más polémicos, el de la retroactividad, es decir, la exigencia por parte de las entidades de gestión de derechos de que la resolución administrativa garantice la recuperación del dinero perdido por las ventas del último año. El interlocutor se queja también del escaso tiempo dado por el Gobierno a ambas partes para ponerse de acuerdo. “Fueron sólo cuatro meses desde que se aprobó la ley, que además era novedosa, mientras que en otras ocasiones hemos tenido hasta dos años para lo mismo”.
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