El canon no llega. La polémica tasa que tanto ha dado que hablar en los últimos meses sigue en suspense porque los ministerios de Industria y Cultura, los que deben arbitrar entre las entidades de gestión de derechos de autor y los fabricantes de dispositivos de reproducción, no quieren precipitarse, conscientes de la importancia de la medida que se adopte. Según el mandato legal recogido en la Ley de Propiedad Intelectual, el plazo para publicar los precios del canon digital expiraba hoy. Sin embargo, todo parece indicar que este plazo se va a superar y todavía no hay fecha alternativa. En los últimos días, los ministros implicados han dejado claro que no iban a llegar a tiempo para emitir la resolución, ya que están hablando con todas las partes para tener en cuenta todos los puntos de vista y tomar la decisión más justa. Los rumores apuntan incluso a que nadie va tomar ninguna decisión hasta las próximas elecciones municipales, que se celebrarán el 27 de mayo.
No obstante, en las últimas semanas las patronales del sector, Aetic y Asimelec, han venido haciendo mucho ruido para convencer a los usuarios y al Gobierno de lo negativo y poco razonable de los gravámenes que exigen los autores. Por su parte, entidades como SGAE o Cedro han tenido un comportamiento más moderado. Jesús Banegas, presidente de Aetic, declaraba esta mañana que las entidades “están calladas porque no tienen nada que decir”. Banegas, que confirmaba que la fecha de publicación del canon se retrasará, hacía suyas las explicaciones de Francisco Ros, secretario de estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que ha indicado que prefiere retrasarse para “hacer las cosas bien”. Además, el presidente de Aetic señalaba que la cantidad de información y argumentos vertidos por su asociación sobre el canon “hacen que el Gobierno tenga difícil no tomar una decisión sensata”. Por el contrario, el argumento de las sociedades de gestión, el de que “son pobres de solemnidad, mientras que nosotros [los fabricantes] somos ricos”, es, en su opinión, una falacia. También falaz es la idea, según Banegas, de que la tasa no incidirá sobre el consumidor.
Por otro lado están las entidades de gestión de derechos de autor, que ven las cosas desde la orilla opuesta. Magdalena Vinent, directora general de Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) explica a CHANNEL PARTNER que los precios que los fabricantes piden para el canon les parecen “absolutamente insuficientes ya que de ninguna manera cumplen lo que Cedro, en nombre de los autores y editores españoles, defiende: una compensación justa por la utilización de sus creaciones”. Además, Vinent destaca que desde su organización solicita “una tarifa proporcionada, no proporcional, al precio de venta al público”, con el objetivo de que “la compensación por copia privada que deben recibir los autores y editores de nuestro país por la utilización de sus obras en el ámbito privado sea equitativa y justa”.
