Las importaciones paralelas, muchas veces asociadas a las redes de fraude del IVA, son una de las sangrías más grandes para el canal oficial de informática. Todos los eslabones de la cadena sufren: el usuario final compra un producto sin garantías; los distribuidores encuentran una competencia que les pone precios insuperables; las filiales de las marcas ven lesionados sus intereses; y la AAPP sufre la evasión de impuestos. La venta fuera del control de los cauces reconocidos es particularmente intensa en productos de pequeñas dimensiones y fáciles de mover, como los ópticos (lectores y grabadores de CD y DVD principalmente). LG, uno de los principales afectados, calcula que el negocio que pierde la cadena oficial de ventas de ópticos cada año por este motivo asciende a 10 millones de euros. Para poner coto a la importación paralela, LG, que desde hace dos años forma e informa a sus distribuidores sobre el asunto, va a tomar medidas adicionales con las compañías que muestren su deseo de seguir trabajando «en el lado oscuro». Así, desde hace unos meses la compañía inspecciona todos los productos que llegan a su canal mayorista oficial (ARC, Binary, Dat, Diasa, Ingram Micro, Memory Set, Tech Data y UMD) y comprueba números de serie. De esta manera, si llega un producto adquirido de forma ilegal el fabricante evita, como hacía indefectiblemente hasta la fecha, abonar el coste del mismo y, en vez de ello, lo sustituye por una máquina oficial. «No queremos dejar desasistido al cliente final y por eso reemplazamos el producto», comenta Rafael Catena, director de ventas de la división de productos informáticos de LG España, quien, no obstante, advierte de que habrá distribuidores sospechosos a los que la compañía no hará ninguna concesión. Con los resellers que no escuchen estas advertencias, LG iniciará acciones legales. En primera instancia los abogados de la marca mandarán una carta a la firma en cuestión haciéndole saber que hay sospechas de actividad delictiva. Posteriormente, y si no hay un acuerdo entre ambas partes, el fabricante coreano se ha propuesto acabar llevar al distribuidor a los tribunales. Para ello se amparará en el artículo 274.1 del Código Penal español, que dice que serán castigados con una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses el que «importe intencionalmente» productos sin el consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas. Hasta la fecha, según reconoce Catena, los abogados de LG se han puesto en contacto con unas 15 empresas, «de las cuales entre 5 y 10 podrían llegar a los tribunales». El responsable también recuerda que la vía penal es más rápida efectiva que la civil o la mercantil.
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