El Consejo de Competitividad de la Unión Europea, formado por los ministros de Industria y Energía de los 25 países miembros, ha formalizado el acuerdo político alcanzado el pasado mayo sobre la propuesta de directiva sobre las patentes de software. España ha sido el único país que ha votado en contra del compromiso, mientras que Austria, Italia y Bélgica se han abstenido. Además, Hungría, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Dinamarca y Chipre, a pesar de haber ratificado el texto por razones de procedimiento, anunciaron que harán declaraciones individuales para especificar su posición actual sobre la directiva. Esta polémica propuesta, que está pendiente aún de la segunda lectura en el Parlamento Europeo, pretende armonizar la manera en la que los estados de la UE patentan las invenciones ejecutadas por equipos informáticos.
A pesar de esto, las organizaciones de software libre se oponen al texto, ya que según ellos podría servir de base legal para que grandes empresas como Microsoft o Nokia blinden mediante patentes el uso de fórmulas informáticas hasta ahora sólo sujetas al pago de derechos de copia. Mientras estas empresas sostienen que esta directiva estimulará la innovación al proteger los derechos de los inventores.
Además, el mes pasado el Parlamento pidió la retirada de la propuesta de la Comisión sobre patentes de software y la presentación de un nuevo texto para poder lograr un compromiso, pero Charlie McCreevy, comisario de Mercado Interior, no atendió la solicitud.
