El Gobierno acaba de elaborar un proyecto de ley de morosidad comercial que reduce de manera importante el plazo de pago entre empresas. Según publica el diario El País, el Ejecutivo, que acaba de enviar al Congreso este proyecto de ley, pretende, entre otras cuestiones, fijar el plazo de pago para las deudas de las empresas comerciales en 30 días (siempre y cuando no exista un acuerdo privado entre ellas), mientras que las que ejecuta la Administración podrán ser saldadas en un periodo de 60 días. El plazo medio actual se sitúa, según el Banco de España, en 63 días.
El motivo que parece haber llevado al Gobierno a emitir este dictamen es el de ayudar a las empresas a controlar sus activos, ya que, según datos de la Comisión Europea, una de cada tres quiebras empresariales se producen a consecuencia de la morosidad y el retraso en las transacciones comerciales. Además, señala este informe, estos problemas producen una pérdida de 450.000 puestos de trabajo cada año en la Unión Europea.
Aunque los estudios de la Comisión Europea señalan que el plazo medio de pago en nuestro país es de 68 días (cinco más que los que calcula el Banco de España), lo cierto es que este periodo no se respeta gracias a un interés de demora muy reducido que a los deudores no les importa afrontar.
Con el nuevo texto, que se tramitará en el Parlamento por el procedimiento de urgencia, ya que lleva 11 meses de retraso, el interés de demora al que tendrán que hacer frente los deudores se incrementará siete puntos por encima del tipo aplicado por el Banco Central Europeo.
