La noticia sobre el descubrimiento por parte de la Guardia Civil de una red de defraudadores del IVA dentro del sector de la distribución informática, a los que se acusaba de haber evadido unos 10.000 millones de pesetas no fue una sorpresa para casi nadie.
Tal y como público CHNNEL PARTNER en el número de septiembre, la existencia de sociedades comerciales que se crean y desaparecen al poco tiempo con la única finalidad de no pagar el IVA que han cargado a sus clientes es un secreto a voces en el sector informático.
Lo que sí sorprendió, por el contrario, fue el alto número de sociedades que se vieron implicadas dentro de este entramado de fraude y corrupción. 60 compañías del sector fueron investigadas en una acción conjunta entre la Guardia Civil, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos y 28 personas detenidas. Entre las personas investigadas se encontraba el presidente de DMI, Emilio Sánchez-Clemente.
En la compañía dirigida por Sánchez Clemente, la Guardia Civil esperaba encontrar documentos que ayudasen a perseguir a los defraudadores. Según explicó el máximo responsable de la firma en su día, DMI había vendido productos a una de las empresas sospechosas del fraude por valor de 15 millones de pesetas. Asimismo añadió que, la compañía no se caracteriza por vender barato, sino por dar servicios, y se declaraba víctima de la competencia desleal que provocan los defraudadores.
Por el momento, y aunque el Juzgado Central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional se ha negado a facilitar información relativa al sumario abierto. DMI, que sí ha tenido acceso al sumario, ha confirmado que no esta implicado en el delito.
Del resto de compañías bajo sospecha en esta estafa, aún no se sabe nada, aunque los mayoristas y distribuidores siguen demandando un mayor control por parte de los fabricantes de sus redes de distribución con el fin de reducir el fraude.
