La existencia de sociedades comerciales que se crean y desaparecen al poco tiempo con la única finalidad de no pagar el IVA que han cargado a sus clientes es un secreto a voces en el sector informático.
Una mayor implicación de la policía para frenar a estas sociedades ha sido una demanda del canal en este país. Ahora la Guardia Civil se ha apuntado un tanto con la operación Fortuna-Cebados, que es el nombre que la Benemérita ha dado a la operación que ha llevado al desmantelamiento de una red internacional montada para evadir la declaración del impuesto. La red, que utilizaba empresas instrumentales y testaferros para llevar a cabo sus actividades ilícitas, llevaba varios años trabajando en España y se cree que podía haber dejado de ingresar en las arcas del Estado unos 10.000 millones de pesetas procedente de las comercialización de productos por valor de 80.000 millones.
Para reunir pruebas de peso la Guardia Civil ha desarrollado su investigación durante tres años, periodo en el que ha puesto en el punto de mira a 60 sociedades diferentes y 70 personas. El trabajo culminó el pasado mes de julio con un total de 19 registros, tanto en domicilios como en empresas, 14 de ellos en Madrid, tres en Valencia y dos en Barcelona.
La operación, que continúa abierta y que ha sido coordinada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, se saldó con la detención de 28 personas y la incautación de 71 millones de pesetas, así como abundante documentación. Desde la Guardia Civil no se descartan nuevas detenciones. En el registro, los agentes también se han incautado de sellos, troqueles y otros útiles para dar apariencia legal a los documentos empleados en las operaciones comerciales.
Las investigaciones, que se iniciaron en 1998, cuando la Fiscalía Anticorrupción comenzó a sospechar de un grupo de sociedades que podría estar cometiendo fraudes a Hacienda, permitieron a la Guardia Civil conocer la existencia de un entramado complejo de empresas instrumentales, que se iban relevando unas a otras hasta desaparecer y que se presentaban como clientes de importantes proveedores de componentes establecidos sobre todo en Holanda.
Dichas sociedades, que, según la Guardia Civil, podrían haber sido creadas por mayoristas y distribuidores con actividad comercial reconocida en el mercado, basaban su plan en la venta de mercancías a empresas legalmente establecidas en España, evitando ingresar en el Tesoro Público el IVA repercutido de sus transacciones, que sí hacían figurar en las facturas de venta de los productos. Poco tiempo después, estas sociedades desaparecían sin dejar rastro, ya que las personas que figuraban como administradores no eran residentes en España, y los locales donde supuestamente se realizaba la actividad empresarial o no existían, o eran utilizados a modo de buzón de correos y recogida de correspondencia. Este modo de actuación se conoce como ventas en carrusel.
Según la Guardia Civil, al frente de las empresas ficticias que cometían el fraude había personas de toda laya que, por unas 100.000 pesetas, facilitaban sus documentos de identidad y fingían estar a cargo de las empresas legales, sociedades limitadas. En una información aparecida en el Diario de Levante se afirma que la red de fraude captaba a gente necesitada de dinero como indigentes, toxicómanos o ludópatas.
El mismo diario ha relatado que la detención de todas estos sospechosos por parte de la Guardia Civil fue difícil y que a alguno no se lo pudo localizar al vivir literalmente dentro de un coche y moverse constantemente, mientras que otro fue hallado en la zona donde habitualmente acudía para recoger comida de los contenedores.
No obstante, como afirman fuentes de la Guardia Civil, estas personas no poseen entidad ni capacidad de compra como para acudir a mercados extranjeros en busca de grandes partidas de producto, por lo que parece más que factible que simplemente eran la tapadera de una serie de empresas con una actividad legal y reconocida por el mercado.
Es en este punto donde aparecen empresas por todo el mundo conocidas del sector de la distribución informática cuyos responsables han prestado declaración y que, según las sospechas del cuerpo policial, podrían estar relacionadas con el entramado de defraudadores. Una fuente de la Guardia Civil dice que estas empresas intermediarias son creadas por un entramado que, según los indicios, son mayoristas y distribuidores aparentemente legales.
Un dato interesante se han descubierto portes que demuestran que la mercancía de Holanda se traía directamente a los mayoristas implicados, sin pasar por los intermediarios. Según los documentos en poder de la Guardia Civil, se encontraron partidas que recorrieron en un solo día tres o cuatro empresas.
Esta relación también parece meridiana para Blas Barriendos, de Akko System. Las empresas legales que actúan de tapadera tienen una relación directa con las sociedades fantasma y se reparten el IVA que no pagan, dice Barriendos.
El primer nombre que saltó a la palestra fue el de Infortisa. La Guardia Civil ha investigado por supuesto delito fiscal a la dirección de la compañía, el matrimonio formado por Juan José C.G. y María Emilia Castillo. También hizo tres registros domiciliarios, dos en la vivienda de los sospechosos y un tercero en la sede de la compañía, en Alfara del Patriarca, en Alicante. En declaraciones a CHNNEL PARTNER, María Emilia Castillo, directora de Infortisa, ha desmentido la implicación del mayorista valenciano en la red descubierta. Sin embargo, Castillo no duda en señalar como culpables a algunos de sus proveedores y afirma que Infortisa ha cumplido con sus obligaciones legales y ha estado dispuesta a colaborar con la Agencia Tributaria. Por su parte, en declaraciones a esta revista Blanca Ribelles, de la cadena de tiendas Jump, con sede también en la Comunidad Valenciana, se queja de que Infortisa vendiera mucho más barato. De cualquier manera, Ribelles quiere dejar claro que hay que concederle la presunción de inocencia a su competidor y conmina a todos a jugar limpio.
También ha sido llamado a declarar Emilio Sánchez-Clemente, el joven presidente de DMI, mayorista y ensamblador que el pasado año vendió por valor de 7.500 millones de pesetas, un 28 por ciento más que en el ejercicio precedente. Según la orden de registro, la Guardia Civil esperaba encontrar en las instalaciones de DMI, que curiosamente es proveedor de Infortisa, documentos incriminatorios contra los sospechosos. Según explica el máximo responsable de la compañía, DMI había vendido productos a una de las empresas sospechosas de fraude -previsiblemente la propia Infortisa- por valor de sólo 15 millones de pesetas en los últimos tres años. Yo sabía que le vendíamos, pero no sabía a qué se dedicaba ni nada esta compañía. Asimismo, el directivo se defiende diciendo que su compañía no se caracteriza por vender barato, sino por dar servicios. Y va más allá cuando se declara víctima de la competencia desleal que provocan los defraudadores. Nosotros somos mayoristas de ciertos productos que están reventando continuamente el mercado, manifiesta.
Las reacciones no se han hecho esperar en el canal de distribución ante la inopinada actuación de la Guardia Civil. José Luis Montes, director de marketing de Tech Data, cree que, aunque hubiera sido preferible una operación más amplia y menos demorada, cualquier paso que se dé hacia la profesionalización de nuestro sector es causa de alegría para la inmensa mayoría de los que estamos implicados en la venta de informática. Sin embargo, Montes reconoce que la elusión del IVA lleva a las empresas a basar su negocio en el precio y no en el valor a sus clientes. En este punto el razonamiento de Jordi Pla, director comercial de Actebis, es bastante claro Cuando tu fuerza comercial debe luchar contra distribuidores oficiales, los elementos habituales -precio, disponibilidad, servicios, financiación y portes- son la clave, pero cuando la diferencia en una impresora es de 2.000 o 3.000 pesetas, todo lo que los mayoristas oficiales ofrecemos acaba perdiendo valor ya que los márgenes son reducidos y el cliente opta por el diferencial de precio. Pla considera letal un margen extra del 16 por ciento cuando las rentabilidades están tan ajustadas. Además de suponer una competencia desleal, para Montes, de Tech Data, es más grave el deterioro de la imagen del sector para el consumidor, que ya se inclina a pensar de la poca de profesionalidad de los agentes de venta.
Por su parte, Manuel Carrera, responsable del departamento financiero de Aryan, afirma que no se puede soportar una competencia desleal que pone los precios un 16 por ciento más baratos. Sin embargo, reconoce que tal y como opera este negocio, debe ser muy difícil perseguir y alcanzar a las personas que operan detrás. Además, para Carrera es difícil ayudar puesto que los agentes del canal y las asociaciones profesionales lo único que pueden hacer es denunciar basándose en sospechas y difundirlo en el canal, lo que es altamente arriesgado. Para Francisco Huertas, director de marketing de Compuspain, cuando un cliente llega y dice que compra a otros mucho más barato lo único que se puede hacer es comunicarlo al fabricante, pues no se puede acusar a nadie cuando no hay pruebas evidentes de fraude. La existencia del fraude, desde el impago del IVA al remarcado de componentes, pasando por la piratería de software o el más velado de las importaciones paralelas, demuestra que no estamos ante un sector maduro con unas estructuras bien definidas. Para Huertas el fraude es todavía más pernicioso si se tiene en cuenta los exiguos márgenes que imperan en la compra-venta de hardware y software. El responsable de mercadotecnia reclama un mayor control por parte de los fabricantes de sus redes de distribución con el fin de reducir el fraude.
