UPTA, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España, una de las principales asociaciones de trabajadores por cuenta propia de este país, denuncia la situación de injusticia estructural que viven sus representados frente a un sistema fiscal que «continúa beneficiando a las grandes sociedades». La presión fiscal sobre el colectivo autónomo es «desproporcionada y, sigue sin corregirse a pesar de las promesas de reforma», según una nota de prensa de UPTA.
En el año 2018, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda y Fátima Báñez como ministra de Empleo, se aprobó la Ley de Reformas Urgentes para el Trabajo Autónomo. Que, aunque fue presentada como un avance, supuso, según esta asociación, «un fuerte recorte en la capacidad de deducción de muchos de los gastos esenciales para el desarrollo de la actividad económica de los trabajadores autónomos».
En uno de sus puntos sobre fiscalidad se encontraba la regulación de las deducciones por el uso del domicilio habitual como lugar de trabajo, limitando su deducción al 30% de la parte proporcional de la vivienda destinada a la actividad. En la práctica, esto ha supuesto una deducción real inferior al 3% en muchos casos, muy por debajo de lo que se venía permitiendo antes (en torno al 9%). Además, se establecieron fuertes restricciones para la deducción de gastos de manutención, supeditando su aceptación a condiciones difíciles de cumplir, lo que ha generado una gran inseguridad jurídica para los autónomos.
Según una nota remitida por UPTA, se generó «una narrativa engañosa» en torno a unas supuestas mejoras que solo beneficiaron a la Agencia Tributaria, como el límite del 7% para los gastos de difícil justificación, un techo que, lejos de ampliarse, quedó estancado y restringió la deducibilidad de gastos cotidianos que, aunque necesarios para la actividad, no pueden documentarse con detalle. Además, la ley dejó a juicio exclusivo de la Agencia Tributaria la aceptación de estos gastos, eliminando la presunción de legitimidad que antes gozaban y trasladando la carga de la prueba al autónomo.
Todo esto ocurrió en paralelo a un contexto en el que las grandes empresas y sociedades disponen de múltiples herramientas legales para rebajar su carga fiscal efectiva, mientras la situación de los trabajadores autónomos no ha parado de empeorar, se quejan desde UPTA. La asociación denuncia además que el actual Gobierno no ha modificado «ni una sola coma» del régimen fiscal aprobado en 2018. «Ni se han revisado las deducciones, ni se ha protegido fiscalmente al autónomo que trabaja desde su casa o que realiza actividades con gastos cotidianos difíciles de justificar». Por todo ello UPTA exige que el nuevo curso político ponga fin «a esta discriminación histórica con una reforma real y justa de la fiscalidad en el colectivo».
Eduardo Abad, presidente de UPTA, asegura: “No se puede mantener por más tiempo esta desigualdad. Se nos exige como si fuéramos grandes empresas, pero se nos trata como si fuéramos delincuentes fiscales. Es una persecución institucional encubierta bajo normativas desproporcionadas”.
