El retraso un año de la puesta en escena de Verifactu y los cambios de los sistemas de facturación en las empresas para cumplir con la «Ley antifraude», anunciada por el Gobierno a principios de esta semana y que atiende a motivos de juego político, está provocando reacciones de todo tipo. Los fabricantes de software han tenido una reacción, en líneas generales, moderada. Sin embargo, algunos colectivos como los autónomos de UPTA o la asociación de empresas Conectic, han sido más críticos.
En la Agencia Tributaria (AEAT), según publica hoy el diario El País, la decisión también ha generado frustración y malestar. Y es que los especialistas en Verifactu de la Agencia llevaban meses dando charlas y preparando a los fabricantes de software primero, y a las empresas después, para que la nueva facturación fuera una realidad a partir del 1 de enero de 2026, como inicialmente estaba previsto.
En este sentido, es significativo que uno de los padres de Verifactu, el inspector de Hacienda Javier Hurtado, publicara en redes sociales: “Solo puedo pedir disculpas a tantas y tantas empresas, desarrolladores y despachos que han confiado en que se cumplirían los plazos que veníamos comunicando, de buena fe y con la mejor voluntad”. Hurtado da a entender además que detrás de la decisión del Gobierno hay motivaciones que se salen de lo técnico: “Todo apunta a que han pesado consideraciones ajenas al propio proyecto para retrasar estas fechas límite de adaptación”.
Los especialistas de la Agencia Tributaria consultados por El País, entre ellos el vocal Bartolomé Borrego, se quejan de que la decisión un año de retrasar Verifactu se tomó sin previo aviso, y sin que los que trabajaban en el proyecto tuvieran conocimiento y posibilidad de dar una opinión al respecto. Es decir, que la Agencia Tributaria ha quedado al margen de la maniobra. Y recuerdan que el sistema ya estaba funcionando con normalidad, hasta el punto de que 40.000 empresas mandan sus facturas por Verifactu de forma satisfactoria.
En cualquier caso, desde la AEAT recuerdan que el retraso no supone una marcha atrás en los planes de cambiar los sistemas de facturación de las empresas para reducir el fraude fiscal que generan las «contabilidades en b» o «dobles contabilidades». Además, hay que tener en cuenta que previsiblemente la puesta en marcha definitiva de Verifactu a partir del 1 de enero de 2027 estará muy cerca en el tiempo de otro cambio que está pendiente en España, el de la factura electrónica obligatoria para todas las transacciones entre empresas, un obligatoriedad establecida por la Ley Crea y Crece y que será una realidad muy probablemente durante 2027 y 2028, dependido del tamaño de compañía.
