El Tour ISV llegó a su última etapa presencial en Sevilla, después de haber visitado también Madrid, Barcelona y Valencia. En la capital andaluza, CHANNEL PARTNER, con el patrocinio de TeamSystem, Wolters Kluwer y Yooz, reunió a proveedores de software, integradores y asesorías para analizar el impacto real del aplazamiento de los cambios en los sistemas de facturación a que obliga la «Ley antifraude». Lo que popularmente se conoce como Verifactu, el sistema de reporte inmediato de facturas a la Agencia Tributaria impulsado por la esa ley.
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Cambio de ritmo, no de dirección
El aplazamiento de Verifactu al 1 de enero de 2027 no ha cambiado el destino, pero sí el ritmo de la transformación. La mesa de debate de Sevilla dejó claro que el mercado había entrado en una fase de aceleración en el otoño de 2025 y que la decisión del Gobierno alteró esa inercia cuando muchos proyectos estaban ya activados. Rocío Sanz, head of marketing de TeamSystem, reconoció que el anuncio sorprendió en plena fase de despliegue. “Nos pilló a todos desprevenidos”, afirmó. Durante los meses anteriores se había vivido una concentración de decisiones, migraciones de software y procesos de formación que apuntaban a una implantación intensa.
Sin embargo, insistió en que el aplazamiento no debería interpretarse como una pausa estratégica. “Verifactu se aplaza, pero la digitalización no”, añadió. Desde su punto de vista, el margen adicional puede servir para corregir errores, probar sistemas y evitar la saturación técnica que se produjo en el último trimestre del año pasado.
En el plano tecnológico, Morgane Bouttier, senior inside sales representative de Yooz, coincidió en que el cambio es “meramente temporal”. Los requisitos técnicos de inalterabilidad y trazabilidad siguen vigentes, y las compañías que ya estaban adaptadas continúan trabajando bajo esos parámetros. “No cambia nada en los requisitos. Es solo un cambio de fechas”, señaló, subrayando que los fabricantes que ya estaban preparados han mantenido su hoja de ruta y continúan trabajando en formación, evangelización y acompañamiento para evitar un nuevo efecto embudo a final de año.
Por su parte, Federico Martínez, strategic partnership director de Wolters Kluwer, aportó un elemento relevante que no siempre se percibe. El desarrollo normativo distingue entre usuarios y desarrolladores, y para estos últimos la exigencia de comercializar soluciones adaptadas sigue intacta. “Para los fabricantes no se ha tocado nada. Si alguien compra hoy un software de facturación, este tiene que estar adaptado”, explicó.
Además, recordó que la Agencia Tributaria considera este periodo adicional como fase de pruebas, lo que implica que los sistemas pueden y deben utilizarse ya bajo los nuevos estándares. Asimismo, complementó la idea con ejemplos de otras jurisdicciones, como TicketBAI en el País Vasco o la implantación de la factura electrónica en Italia, donde la adaptación fue inicialmente traumática, pero terminó consolidando modelos más profesionalizados.
A pesar de todo ello, el efecto del aplazamiento sobre el terreno ha sido evidente. Ana Martínez, directora de producto de Monitor Informática, calificó la situación de “desolación total”, señalando que muchos clientes que habían invertido en equipos y software han decidido ahora “echar el freno” al no sentirse obligados de inmediato.
En esta misma línea, Alberto de la Hera, director nacional de la misma firma, advirtió de que “esta decisión política ha hecho muchísimo daño” y ha generado un efecto dominó de desconfianza en toda la cadena, desde el desarrollador hasta el cliente final. “Si el empresario percibe que las obligaciones pueden retrasarse, puede adoptar una actitud más escéptica ante futuras reformas digitales. Ahora es más difícil para el asesor convencer a su cliente de que se tiene que digitalizar, porque este ya no se fía”, aseguró.
Esa percepción se entrelaza con otro factor que puso sobre la mesa Rosa Pavón, consultora en Ayesa. “Hay mucha gente que está esperando unas elecciones anticipadas, y, por lo tanto, prefiere no digitalizarse todavía, porque no sabe en qué quedará finalmente todo esto. Esa incertidumbre condiciona decisiones de inversión”, apuntó.
Por su parte, Felipe Fernández, business development de A3Satel, dibujó en este punto una segmentación muy clara del mercado. A su juicio, existen dos perfiles diferenciados. “Hay un perfil de cliente con cierto volumen de facturación que sí se ha adaptado con antelación, pero las empresas más pequeñas y los autónomos han esperado hasta el último momento, y muchos ni siquiera eso”. Es más, dijo que algunos están a la expectativa de que la obligación se concrete definitivamente para empezar a actuar, lo que incrementa el riesgo de una nueva concentración de demanda.
El difícil papel de las asesorías
Incluso, el aplazamiento también ha afectado a los propios asesores, minando su credibilidad. Alejandro López, de AyudaT, lamentó que este cambio de fechas haya “desacreditado la labor de las asesorías”, que llevaban meses instando a sus clientes a adaptarse. Jesús Garrido, director gerente de Tisamec Asesores, confirmó este “frenazo en seco” y la necesidad de volver a impulsar campañas para que los clientes no lo dejen todo para el último momento.
En otras palabras, el aplazamiento no ha cancelado la transformación, pero ha debilitado el sentido de urgencia. Y en un tejido empresarial donde la toma de decisiones suele estar condicionada por la obligación inmediata, esa pérdida de presión tiene efectos directos en la actividad del canal.
Dejando a un lado el hecho de contar ahora con un año más para su implementación, los asistentes a la mesa redonda evidenciaron una brecha entre el diseño normativo y la realidad operativa de miles de pequeños negocios. Por ejemplo, José Luis Durán, responsable fiscal de Propipol Asesores, fue especialmente crítico con la capacidad real del pequeño empresario para asumir la inversión tecnológica que implica este cumplimiento normativo. “El pequeño empresario no tiene dinero para gastarse en un programa de facturación”, afirmó. Y añadió que muchos autónomos perciben Verifactu como una carga adicional en un entorno de elevada presión fiscal y advirtió sobre la “irrealidad” de pensar que el control del dinero en efectivo desaparecerá fácilmente.
Entre la obligación legal y la cultura empresarial
Ese enfoque conecta con una cuestión estructural. En España, más del 90% del tejido empresarial está compuesto por microempresas y autónomos, muchos de los cuales operan con recursos limitados y estructuras administrativas mínimas. En ese contexto, la digitalización no siempre se interpreta como una mejora competitiva, sino como un coste obligatorio, tal y como puso de manifiesto Durán durante su intervención.
A esta visión se sumó Enrique Ruiz Prieto, CEO de Ruiz Prieto Asesores, quien hizo una alusión a las implicaciones que tiene la edad a la hora de abordarse la digitalización. “El Estado presupone que todo menor de 40 años es 100% digital. Yo digo que no”, reveló. Tanto es así que la experiencia en su despacho demuestra que “numerosos profesionales jóvenes presentan carencias en gestión administrativa básica, firma electrónica o control documental”, apuntó. La digitalización, en estos casos, requiere acompañamiento intensivo y formación, incluidas las nuevas generaciones.
Precisamente, Garrido, de Tisamec Asesores, situó el foco en la formación. “El problema no es únicamente económico, sino cultural. Muchos clientes no comprenden las implicaciones de la inalterabilidad de los registros o el cambio en los procesos internos”. Aun así, ha decidido forzar la transición en su propia organización, rechazando documentación en papel y exigiendo flujos digitales.
En este punto, Pavón, de Ayesa, aportó otro matiz clave sobre los procesos. El salto no consiste solo en instalar un software compatible, sino en asumir nuevas reglas operativas. Rectificaciones, modificaciones o ajustes que antes podían resolverse sobre un documento editable ahora deben seguir procedimientos estructurados. “Hay clientes que no visualizan todavía el cambio de proceso que implica”, explicó. La adaptación requiere revisar circuitos internos, responsabilidades y flujos de validación. El reto, por tanto, “no es solo tecnológico, sino de reorganización interna y comprensión de las nuevas reglas del juego”, comentó.
Por su parte, su compañera Carolina Martínez, consultora de Ayesa, reforzó esta idea desde la perspectiva del impacto global en la gestión empresarial. “La trazabilidad no afecta únicamente al IVA o a la presentación de impuestos. Incide en el balance, en la coherencia entre compras y ventas, en la relación con bancos y en la imagen financiera del negocio”. Muchos pequeños empresarios no conectan todavía esos puntos. La digitalización, por tanto, no es solo una exigencia tributaria, sino un elemento que condiciona la salud empresarial a medio plazo. “Oyen las palabras, pero no entienden realmente el beneficio que les estamos contando”, sentenció.
Redefinir el modelo de despacho
Además, el efecto del aplazamiento ha reabierto la discusión estratégica sobre cuál ha de ser el modelo de negocio de las asesorías. De hecho, la transición hacia un modelo de consultoría es vista como la única vía de supervivencia. Por ejemplo, César Martín-Niclos, responsable del departamento fiscal y contable de Eplus Consultores, planteó que es el momento de decidir qué clientes se quieren tener: “¿Queremos seguir teniendo 250 clientes que nos viene con bolsas llenas de facturas para que las contabilicemos o queremos hacer de asesores y buscar clientes que aporten valor añadido?”.
Para Martín-Niclos, la digitalización debe servir para que el cliente asuma su contabilidad interna, permitiendo al asesor supervisar y ofrecer una visión estratégica. Igualmente, para Pavón, de Ayesa, el valor del asesor reside en aportar esa “visión global” que el pequeño empresario no tiene.
López, de AyudaT, añadió un componente comercial a esa reflexión. Cuando el cliente percibe que el proceso está automatizado, puede cuestionar la tarifa. “Hay quien piensa que si las facturas entran directamente en nuestro sistema, hay que bajar la cuota”, advierte. La transición tecnológica exige, por tanto, una redefinición clara del servicio, poniendo el foco en el asesoramiento estratégico y no en la mera presentación de modelos tributarios. Además, advirtió de un riesgo futuro: si el software lo hace todo, “el pequeño empresario ya no necesitará un asesor, le bastará un programa básico, incluso uno proporcionado por la Administración”.
El trasfondo del debate es evidente. La automatización no elimina la necesidad de asesoramiento, pero sí transforma su naturaleza. El despacho que no evolucione puede quedar atrapado en una competencia basada exclusivamente en precio. Esta visión también fue compartida por los fabricantes.
Rocío Sanz, de TeamSystem, destacó que el software debe evitar “tareas manuales”, estimando un ahorro de hasta tres jornadas al mes para los clientes digitalizados. Asimismo, subrayó la oportunidad para el asesor de abrir nuevas líneas de negocio distribuyendo software y centralizando la información de sus clientes.
Asimismo, Bouttier, de Yooz, reforzó esta idea señalando que el objetivo de su empresa es “automatizar la creación del asiento contable” para que el asesor pueda dedicar tiempo a otras tareas. Por su parte, Martínez, de Wolters Kluwer, coincidió con estas afirmaciones y defendió que el papel del asesor debe evolucionar: “No podemos anclarnos en el asesor de hace 25 años. Estos profesionales tienen que ir adaptándose a los nuevos tiempos y ejercer ahora un papel de consultor activo”, comentó.
En este escenario, la sensación compartida en Sevilla fue que el verdadero desafío no es técnico, sino de mentalidad. El software ya está preparado, la normativa está definida y los fabricantes mantienen su hoja de ruta. Lo que está en juego ahora es la capacidad del ecosistema para convencer al pequeño empresario de que el cambio no es coyuntural, sino estructural. La prórroga ha rebajado la presión inmediata, pero no ha alterado el marco de fondo hacia el que evoluciona la fiscalidad digital en España y en Europa.
En definitiva, el aplazamiento de Verifactu ha dado un respiro al tejido empresarial, pero no ha cambiado la dirección del viaje. Los expertos presentes en la mesa redonda coincidieron en advertir que procrastinar es un error estratégico. El canal de TI y los despachos profesionales afrontan ahora meses decisivos para formar, convencer y transformar. Porque cuando la cuenta atrás vuelva a activarse, no se medirá solo el cumplimiento de una obligación legal, sino el grado de madurez digital de todo un ecosistema empresarial.
Despiece
Los riesgos que deja la prórroga
El debate celebrado en Sevilla puso sobre la mesa varios riesgos concretos asociados al aplazamiento:
- Nuevo colapso a final de año. Si la mayoría de empresas decide esperar, puede repetirse la concentración masiva de implantaciones en el último trimestre, con saturación de fabricantes, consultores y equipos de soporte.
- Pérdida de credibilidad del asesor. Algunos despachos ya han sufrido el reproche de clientes que interpretan la prórroga como una exageración previa por parte de su asesor. Esto puede erosionar la confianza profesional.
- Desincentivo a la inversión tecnológica. Empresas que ya habían renovado equipos o contratado soluciones pueden retrasar nuevos proyectos, lo que afecta directamente al canal.
- Mayor resistencia cultural. Tras el aplazamiento, cualquier nueva obligación digital puede encontrar un empresariado más escéptico y menos dispuesto a anticiparse.
