El Gobierno no aprobará finalmente el nuevo reglamento del registro horario digital en el Consejo de Ministros de esta semana, según ha adelantado fuentes del Ejecutivo a un medio como El País, incumpliendo así el compromiso adquirido de sacar adelante la norma durante el mes de septiembre. Además, por el momento el Gobierno no ha fijado una nueva fecha para su aprobación.
El principal motivo del retraso es el dictamen crítico emitido por el Consejo de Estado el pasado mes de marzo, que cuestionó aspectos clave del proyecto, como su adecuación a las distintas realidades empresariales, el impacto que tendría sobre las pymes y el hecho de que un reglamento pueda introducir cambios que, a su juicio, corresponden al ámbito legislativo. Trabajo y Economía aseguran que están revisando el texto para incorporar ajustes técnicos que respondan a estas observaciones, aunque mantienen que no alterarán el objetivo de la norma.
La reforma pretende modernizar el sistema de control horario vigente desde 2019, obligando a las empresas a utilizar un registro completamente digital y accesible en tiempo real por la Inspección de Trabajo. El objetivo es reforzar el control sobre las horas extraordinarias y combatir el fraude laboral.
El Ejecutivo pretende aprobar la medida mediante un real decreto, evitando así su tramitación parlamentaria, una vía que la patronal rechaza y que podría acabar en los tribunales. Mientras tanto, sindicatos como UGT y CC OO mantienen su malestar por los sucesivos retrasos y reclaman al Gobierno que cumpla los compromisos adquiridos en el diálogo social.
Antecedentes del registro horario en España
Hay que recordar que en 2019 por primera vez se estableció por ley el registro de jornada obligatorio, con el fin de sacar a la luz millones de horas extra sin abonar. Sin embargo, ahora el objetivo del Gobierno es hacer que las empresas incorporen controles exclusivamente digitales, puesto que ahora se puede hacer con papel y lápiz, o con una sencilla hoja de Excel. La idea es tener sistemas en las empresas que permitan la trazabilidad de la información y el acceso a los datos por parte de la Inspección de Trabajo y por parte de los representantes de los propios trabajadores.
Inicialmente, el Ministerio de Trabajo quería sacar adelante esta normativa en septiembre de 2025, como parte de la llamada «ley ómnibus» de reducción de la jornada laboral en España, y que pretendía baja de 40 a 37,5 horas semanales de forma progresiva y sin reducir salario. Pero esta iniciativa fue tumbada en el Congreso.
