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Qué es la directiva ómnibus de sostenibilidad: principales cambios



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La Unión Europea aprobó en febrero la nueva Directiva Ómnibus de Sostenibilidad que busca reducir la carga burocrática de las empresas, simplificar todas las normas en materia de medioambiente y promover unos ahorros cercanos a los 6.000 millones para liberar inversiones

Publicado el 11 abr 2025



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La Unión Europea aprobó el pasado 26 de febrero la nueva Directiva Ómnibus de sostenibilidad que busca reducir la carga burocrática de las empresas, impulsar la competitividad, simplificar todas las normativas en materia de medioambiente y promover unos ahorros cercanos a los 6.000 millones de euros para liberar inversiones. Esto también se traducirá en una menor presión, sobre todo para las pymes, que tendrán menos exigencias en materia medioambiental y podrán movilizar inversiones y recursos para otras actividades.

En qué consiste la nueva ley omnibus

La nueva directiva ómnibus aprobada por la UE en febrero persigue promover una simplificación en la normativa relacionada con sostenibilidad y legislación anexa como es la diligencia debida, mecanismo en frontera por carbono  y taxonomía de la UE. El reto es reducir en un 25% la burocracia, que en el caso de las pymes, será de un mínimo del 35%.

Durante los últimos años, la Comisión Europea ha buscado convertir al continente en el adalid del modelo de producción verde y sostenible. Sin embargo, la elaboración del informe Draghi ya ponía en tela de juicio la dudosa eficacia de una apuesta que arrojaba pocos resultados y mínima rentabilidad para el tejido empresarial europeo.

Antecedentes de la directiva: las leyes de ESG, diligencia debida y taxonomía

  • ESG y su marco normativo

Las regulaciones relacionadas con ESG (el conjunto de criterios que las empresas y los inversores utilizan para evaluar su impacto en la sostenibilidad y la responsabilidad social) han evolucionado para integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la gestión corporativa y en las decisiones de inversión. Esta nueva normativa exige que los participantes del mercado financiero revelen cómo integran los riesgos ESG en sus decisiones de inversión y establece Establece criterios para determinar qué actividades económicas pueden considerarse sostenibles desde el punto de vista ambiental.

  • Diligencia debida en sostenibilidad y derechos humanos

La diligencia debida en materia de sostenibilidad busca responsabilizar a las empresas por su impacto en la sociedad y el medio ambiente exigiendo a las grandes empresas empresas identificar, prevenir y mitigar impactos negativos en derechos humanos y medio ambiente en toda su cadena de valor.

  • Taxonomía de la UE y su impacto

La taxonomía es un sistema de clasificación que define qué actividades económicas son sostenibles desde el punto de vista ambiental estableciendo seis objetivos ambientales para definir actividades sostenibles: mitigación del cambio climático; adaptación al cambio climático; uso sostenible del agua y recursos marinos; transición hacia una economía circular; prevención de la contaminación y protección de la biodiversidad.

Próximos pasos de la medida

Las propuestas legislativas se presentarán ahora al Parlamento Europeo y al Consejo para su consideración y adopción. Las modificaciones en la directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y el mecanismo de ajuste en Frontera por Carbono entrarán en vigor una vez que los colegisladores hayan alcanzado un acuerdo sobre las propuestas, y tras su publicación en el Diario Oficial de la UE.

El proyecto de acto delegado se adoptará tras las observaciones del público y se aplicará al final del período de control por parte del Parlamento Europeo y del Consejo.

Principales cambios de la directiva ómnibus

La propuesta de la Directiva Ómnibus de la Unión Europea introduce varios cambios significativos en la normativa de sostenibilidad con el objetivo de simplificar las obligaciones de las empresas y reducir la carga administrativa. Sin embargo, estas modificaciones están generando cierto debate porque algunas empresas y estados miembros consideran que la norma ha quedado descafeinada y reduce al mínimo las obligaciones en materia de sostenibilidad, sobre todo para las pymes, el grueso del tejido empresarial de economías como la española. Todo eso impacta directamente en la efectividad de las medidas para promover la conciencia medioambiental.

Principales cambios en la presentación de información de sostenibilidad

Entre las principales medidas que se despliegan con este paquete normativo destacan:

  • Reducción del alcance de la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa: Se propone que solo las empresas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocio superior a 50 millones de euros estén sujetas a las obligaciones de informes de sostenibilidad, excluyendo así aproximadamente al 80% de las empresas que anteriormente estaban bajo su alcance. ​
  • Aplazamiento de los plazos de presentación de informes: Se pospone en dos años, hasta 2028, la fecha en que las empresas actualmente dentro del alcance de la CSRD deben comenzar a reportar
  • Retrasar dos años los requisitos de presentación de información en materia de sostenibilidad para las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la directiva
  • Reducción de la carga de reporte: se estima que disminuye en un 25% las cargas administrativas para las empresas y hasta un 35% para las pequeñas y medianas empresas. 
  • Claridad y armonización jurídica: la iniciativa pretende buscar coherencia en la aplicación de la regulación ESG e integrar de forma coordinada las legislaciones existentes.

Cambios en el ámbito de la diligencia

Se propone limitar las obligaciones de diligencia debida a los proveedores directos y reducir la frecuencia de las evaluaciones de cumplimiento de anuales a cada cinco años. Además, se sugiere que las empresas suspendan, en lugar de rescindir, contratos con proveedores que no cumplan con los estándares establecidos.

Cambios en el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM):

La nueva ley omnibús plantea limitar el gravamen a las empresas que importan más de 50 toneladas métricas anuales, excluyendo así a aproximadamente 182.000 importadores. También se busca simplificar el proceso para reclamar reducciones publicando precios promedio de carbono en otros países a partir de 2027.

Impacto de la directiva ómnibus en las empresas

Lo que parece claro es que la aprobación de esta normativa está generando controversia porque podría alentar el uso de prácticas poco respetuosas con el medio ambiente, el greenwashing y la falta de concienciación ecológica. Organizaciones como la Plataforma por Empresas Responsables ya están documentando violaciones a derechos laborales y ambientales.

La dicotomía entre una Europa como potencia reguladora en materia de sostenibilidad o un continente donde primen los criterios económicos está más presente que nunca. A un lado está España que, junto a los países nórdicos, defiende la visión más rigurosa en materia de legislación climática, mientras que el eje franco-alemán defiende la postura contraria, alegando que el 40% de  las empresas manufactureras europeas pierden contratos frente a competidores asiáticos con menores exigencias de sostenibilidad.

Beneficios de la directiva ómnibus

En traslación con esta lógica, parece que el modelo que se impone es el economicista que prima por encima de todo la mayor consecución de ingresos y beneficios para las empresas europeas, frente a un modelo más centrado en la apuesta por el modelo sostenible y respetuoso con el medioambiente.

Mayor competitividad de las empresas europeas

Al reducir las exigencias en materia de sostenibilidad y simplificar todo el papeleo burocrático las empresas pueden centrarse en mejorar su operatividad para poder competir en mejores condiciones frente a los gigantes asiáticos y estadounidense.

Importantes ahorros de costes

Ahorros cercanos a los 6.000 millones de euros gracias a la reducción de las gestiones administrativas y que permitirá liberar inversiones destinadas a mejorar la competitividad y también a promover la modernización de las empresas, muchas de ellas pymes, que todavía no se han actualizado al nuevo escenario digital regido por la IA.

Más tiempo para adaptarse a las regulaciones

Aplaza los plazos para la presentación de informes de sostenibilidad hasta 2028, lo que permite a las empresas prepararse mejor sin apresurarse a cumplir con regulaciones complejas.

Menos carga administrativa para empresas

Reduce el número de empresas sujetas a la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD), pasando de más de 50.000 a unas 10.000.

Posibles riesgos de la directiva ómnibus de sostenibilidad

La excesiva simplificación, perder la primera velocidad en materia de sostenibilidad y ESG o reducir el papel de Europa como primera potencia en la imposición de medidas que promueven el respeto al medioambiente son los principales riesgos asociados a la aprobación de esta normativa.

Menor transparencia y responsabilidad empresarial

Al reducir la cantidad de empresas obligadas a reportar sobre sostenibilidad, se pierde información valiosa sobre el impacto ambiental y social del sector privado.

Debilitamiento de la diligencia debida en sostenibilidad

Al limitar el control de sostenibilidad solo a proveedores directos, se deja fuera gran parte de la cadena de suministro, donde ocurren muchos impactos negativos (explotación laboral, deforestación, contaminación).

Impacto en la credibilidad de la UE en sostenibilidad

La flexibilización de normas puede interpretarse como un retroceso en los compromisos climáticos y sociales, afectando la reputación de la UE como líder en sostenibilidad.

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