A falta de 60 días para la puesta en marcha de Verifactu, el nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria (AEAT) que permite la transmisión automática de las facturas en el momento de su emisión, la mayoría de los cinco millones de pymes y autónomos que trabajan en España todavía no tienen un plan definido de adaptación a la normativa. Según un estudio elaborado por TeamSystem e Ipsos, seis de cada diez pymes no se han adaptado y un 38% ni siquiera tiene un plan definido para hacerlo.
“El principal problema que nos encontramos es la resistencia al cambio”, explica Emilio Martínez, director general de TeamSystem España, quien advierte de que la cuenta atrás ya ha comenzado. “Llevamos meses recorriendo el país en nuestros roadshows para explicar a asesorías y empresas el impacto real de Verifactu y las ventajas de adaptarse cuanto antes”.
El sistema Verifactu, cuya adopción de momento es voluntaria, se pone en marcha el próximo 1 de enero para pymes y el 1 de julio para autónomos, afectando a 3,3 millones de profesionales. No cumplir con la norma puede suponer multas importantes, recuerda Martínez, quien apunta que el “mejor seguro” para evitar sanciones es apostar por un software de facturación certificado. En el caso de TeamSystem, su solución “compliance” tiene un coste anual que ronda los 120 euros e incluye todas las garantías técnicas exigidas por la AEAT.
El software de facturación que ayudará a las empresas a cumplir con la
“Ley antifraude” a partir de 2026 debe permitir la conexión con Verifactu,
para el envío automático de cada registro de facturación a Hacienda. Fabricantes como TeamSystem ya han integrado esta funcionalidad y han certificado su solución con el sello del sistema Verifactu, garantizando así el cumplimiento de
los estándares exigidos por la Administración.
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Confusión normativa
El informe de TeamSystem e Ipsos, basado en 1.200 entrevistas a autónomos, pymes y asesorías, revela un alto grado de desconocimiento: un 54% de las empresas admite conocer poco o nada sobre la nueva normativa, y un 60% confunde Verifactu con la ley Crea y Crece, que regula la factura electrónica.
“Estamos en un proceso de madurez digital y de familiarización con la tecnología”, señala Paco Camas, de Ipsos, quien atribuye esta confusión al ritmo desigual de digitalización entre las empresas.
Entre las principales barreras para la implantación de Verifactu destacan el coste (para el 40% de los autónomos) y la falta de formación (para el 30% de las pymes). Además, un 35% de las compañías no dispone de software y un 80% no tiene una alternativa definida, pese a la cercanía de los plazos.
Impulso para las 65.000 asesorías españolas
En este contexto, las asesorías y despachos profesionales jugarán un papel clave en la transición. Según TeamSystem, España cuenta con 65.000 asesorías, que gestionan una media de 60 clientes cada una. “Muchos autónomos delegarán la emisión de facturas en sus asesores. Por eso es esencial que ellos también estén preparados”, añade Martínez.
TeamSystem, con cuatro años de presencia en España, pertenece a un grupo italiano con más de 40 años de experiencia en automatización contable y fiscal. En Italia, donde la factura electrónica es obligatoria desde 2017, la compañía gestiona ya el 30% de las transacciones digitales, con más de dos millones de clientes. En España suma 100.000 clientes y ocho marcas en su grupo, entre ellas Distrito K, Asesor Excelente, Aplifisa, Quipu, Software Delsol o Acumbamail, que en conjunto suman 400 empleados y 50 millones de euros de facturación.
Digitalización, seguridad y transparencia
Más allá del cumplimiento normativo, TeamSystem subraya que Verifactu es una oportunidad para modernizar la gestión empresarial. El sistema refuerza la seguridad, reduce requisitos de almacenamiento, mejora la trazabilidad y aumenta la transparencia con facturas verificables mediante códigos QR. Además, elimina los programas que permitían la doble contabilidad: los fabricantes de software que incumplan la norma también se exponen a multas de hasta 150.000 euros.
“El mensaje que trasladamos es claro: no hay que esperar al 1 de enero. La digitalización no solo evita sanciones, también mejora la productividad, la competitividad y la rentabilidad”, concluye Martínez
