Lanzado en 2021, el programa de fondos NextGenerationEU (NGEU) se diseñó para permitir a la Unión Europea superar la crisis de la COVID-19 y apoyar su transformación estructural, mediante un plan de recuperación sin precedentes de 806.900 millones de euros. De esta cifra, 650.000 millones se destinaron exclusivamente al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que ha tenido como objetivo financiar proyectos en seis áreas clave, entre las que se incluyen la transición ecológica y digital.
Sin embargo, y a escasos meses de su finalización, el 42% de los fondos todavía no se ha ejecutado, lo que deja, según el último análisis realizado por los expertos de Coface, firma especializada en la gestión de riesgo crediticio, 270.000 millones de euros por desembolsar hasta finales de 2026, poniendo en riesgo tanto el crecimiento económico a corto plazo como las reformas estructurales a largo plazo.
Los retrasos en la absorción de los fondos comprometen, según el análisis de Coface, las previsiones económicas iniciales de la Comisión Europea: 1,5 % en 2025 y 1,4 % en 2026. Si bien países como Grecia, Croacia, Italia y Portugal han aprovechado al máximo los fondos, dado el progreso de los desembolsos hasta la fecha, el impacto global en el PIB europeo será menor de lo esperado.
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Más proyectos fáciles de implantar y menos reformas estructurales
Según las estimaciones, el crecimiento anual podría haber sido, en promedio, un 0,4 % más alto entre 2020 y 2030 si se hubieran utilizado íntegramente los fondos. Pero la carrera contra el tiempo está empujando a los Gobiernos a favorecer proyectos fáciles de implementar, en detrimento de reformas estructurales de alto valor añadido.
“Más allá de las cantidades sin precedentes del plan de recuperación europeo, lo que marca la diferencia es su ejecución. La infrautilización o la mala asignación de los fondos —a través de proyectos de inversión y reforma— comprometería su potencial para estimular el crecimiento a corto y largo plazo en un entorno fiscal ya de por sí restringido”, afirma Laurine Pividal, economista de Coface para el sur de Europa.
Los obstáculos que comprometen la llegada de los fondos
Los retrasos se deben a cuellos de botella administrativos, capacidad de ejecución limitada y contextos políticos cambiantes. La guerra en Ucrania, la crisis energética y la inflación han obligado a los países a revisar sus planes, lo que ha ralentizado los desembolsos. Las reformas exigidas a cambio de los fondos, que en ocasiones son impopulares, se han retrasado o renegociado, como en España e Italia.
Además, algunos países pueden considerar que los préstamos de la UE son menos ventajosos que los mercados financieros, como España, que ha anunciado que renunciará a 67.000 millones de euros de los 83.000 millones de euros de préstamos ERF gracias a la mejora de su perfil crediticio.
El vacío dejado por el fin de los fondos europeos podría compensarse parcialmente con otros instrumentos, incluidos los préstamos SAFE del programa Readiness 2030 (150.000 millones de euros entre 2026 y 2030) para armamento. No obstante, su alcance sectorial (industria de defensa) y sus normas menos estrictas (el 35 % de la financiación puede destinarse a productos de un tercer país fuera de la UE, el EEE, la AELC y Ucrania) limitan el efecto macroeconómico en comparación con los objetivos de diversificación y estructurales del NGEU.
