Aetic (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones) advierte de que el canon que reclaman las entidades de gestión supondrá un coste de 2.000 millones de euros anuales a los clientes. Hasta el pasado mes de enero las patronales del sector TIC (Aetic y Asimelec) y las entidades de gestión de derechos de autor mantuvieron una negociación que acabó rompiéndose debido a las excesivas exigencias de las entidades de gestión, según ambas patronales. Al no alcanzar el objetivo de las conversaciones (fijar un precio para el canon de cada producto) ahora son los ministerios de Industria y Cultura quienes deben establecer los importes a pagar y las tecnologías que se gravan, a través de una orden ministerial que es inminente.
Aetic maneja unos informes sobre los usos reales de los equipos digitales en los que se estima que el perjuicio real causado por la copia privada sería de 11 millones de euros. Estos informes se basan en los hábitos de uso de las tecnologías para realizar copias de tipo privado, y demuestran que en la mayoría de los casos el porcentaje de las capacidades del equipo que se emplea para copiar es, en realidad, mínimo, según Aetic. La asociación aporta más datos, como que los consumidores pagarán hasta un 70% más en las compras de reproductores MP3, un 78% más si compran un sintonizador de TDT con disco duro, un 68% más en el caso de adquirir un MP4 o un 25% adicional si compran un ordenador portátil. Para poner las cifras en su sitio, baste mencionar que la cantidad que solicitan las entidades de gestión supera al presupuesto de muchos ministerios. Es el caso del Ministerio de Cultura, que tiene presupuestado 1.288 millones para 2007; o el de Justicia, que sólo recibirá 1.528 millones de euros de las arcas del Estado para el presente ejercicio.
Además, la patronal recuerda que existen en el mercado tecnologías, como la TRM, que limita la realización de copias, o la DRM, que permite al autor la gestión de sus derechos de autor. Por último, la asociación indica los peligros que puede generar la adopción de esta carga: ralentización en la adopción de tecnologías claves, cierre de empresas, crecimientos en el IPC o desviaciones de las compras a países donde no hay canon.
