A partir de ahora las compañías deberán pagar a sus proveedores en 60 días, mientras que los organismos estatales abonarán en un mes. Estas directrices se recogen en la nueva ley de Morosidad publicada en el Boletín Oficial del Estado y que obliga al Ejecutivo a articular, mediante el Instituto de Crédito Oficial (ICO), una línea de crédito directo dirigida a diversos ayuntamientos con el fin de que puedan hacer frente a las deudas contraídas con empresas y autónomos.
Mediante esta medida se pretende equiparar los plazos de pago españoles con los europeos y ganar así en competitividad. No hay que olvidar que los organismos estatales deben 38.000 millones de euros y hasta 60.000 millones el sector privado.
Hasta el 1 de enero de 2013 tienen las Administraciones Públicas y empresas para adaptarse a la nueva normativa. Para amoldarse a este cambio se han establecido diferentes escalas. En el primer caso tienen hasta 50 días durante 2010 y 2011 y 45 en 2012. Estos plazos se dilatan si nos referimos al ámbito privado: 85 días en 2011 y 75 en 2012. No obstante, en el segmento de la alimentación y los productos perecederos la obligación es efectuar los pagos a 30 días.
Las constructoras tienen otro régimen. Podrán saldar cuentas a 120 días hasta el 31 de diciembre del próximo año, 90 para el siguiente y, finalmente, llegar a los 60 reglamentarios dentro de dos ejercicios. Por su parte las editoriales disfrutarán de condiciones especiales que variarán en función de las circunstancias.
