Si podemos mantener relaciones comerciales con nuestros clientes a través de Internet, ¿por qué no vamos a poder hacerlo con la Administración? Esta es la pregunta que debe rondar en la cabeza de muchos de los responsables administrativos de las empresas, que saben que las comunicaciones electrónicas suponen ahorros de costes considerables. La Administración Pública es consciente de esto, ya que a nivel interno la aplicación de herramientas telemáticas también le facilitará muchas cosas, evitará papeleo (el ejecutivo prevé un ahorro de 300 euros anuales por ciudadano) y hará que todo vaya más rápido, mejorando la organización. De momento se ha dado un paso legislativo importante y el Gobierno español ha aprobado la remisión del anteproyecto de Ley de Administración Electrónica al Congreso de los Diputados. Un texto en el que se contemplan puntos como el derecho de todos los ciudadanos a acceder a esta administración o la posibilidad de compartir los programas desarrollados para los organismos con otros departamentos o personas físicas, y al que se destinará un presupuesto de 310 millones de euros. Por el momento, el Gobierno pretende que todos los ciudadanos puedan acceder a la información a través de medios telemáticos, así como a los procedimientos en los que puedan tener o tengan el estatus de interesados. El ejercicio de estos derechos, según el anteproyecto, debe ser llevado a cabo garantizando la seguridad de los sistemas, datos y comunicaciones, así como de los servicios que se presten en soporte electrónico. De estos dos principios se deriva una de las claves del texto legal: la universalización del derecho de acceso. Esto quiere decir que un administrado que no disponga de ordenador o conexión a Internet debe tener la misma facilidad para realizar trámites y procedimientos telemáticos que una persona que sí cuenta con este acceso. Conseguir este objetivo implica una dualidad, ya que establece un derecho para el ciudadano, pero también una obligación para la Administración, que debe proveer al supuesto interesado de los medios necesarios para realizar el trámite a través de Internet. Para cubrir esta necesidad, el anteproyecto obliga a la creación de oficinas de atención presencial en las que se facilite a las personas interesadas, de forma libre y gratuita, los instrumentos necesarios para garantizar su acceso a Internet y los portales habilitados para el intercambio, como puntos de acceso electrónico que posibilitarán que los interesados presenten solicitudes, recursos, ofertas en concursos de contratación pública y realicen pagos.
Por otra parte, uno de los mayores problemas con los que se enfrentará ese monstruo que es la Administración Pública será el de coordinar todos los organismos para conseguir un funcionamiento perfecto en toda la actividad administrativa electrónica. Con la finalidad de que este engranaje funcione sin chirriar demasiado, el ejecutivo establece un principio de cooperación entre administraciones para utilizar los medios y comunicaciones electrónicos de tal forma que se garantice la interoperatividad de los sistemas para proporcionar una prestación conjunta de servicios.
Por su parte, uno de los puntos más destacables que contempla el anteproyecto de ley es el principio de neutralidad tecnológica, con el que se pretende no tomar partido por un fabricante concreto para respetar los principios de igualdad, no discriminación y libre concurrencia. A pesar de todo, en el articulado sólo se hace una mención a este principio, pero sin desarrollarlo. En la actualidad, y según el informe eEspaña 2006 que publica la Fundación France Telecom, el 61% de los equipos de mediana potencia en la administración poseen sistema operativo de Microsoft. Lo mismo ocurre con el 59% de los ordenadores personales, donde hay alguna versión de Windows instalada. Por su parte, en cuanto a suites ofimáticas, es el paquete del fabricante de Redmond el que copa el 67% de los equipos presentes en los distintos organismos. Su servidor web, conocido como ISS, también es de los más usados (tiene una cuota del 73%). Si finalmente el Gobierno pretende llevar adelante este concepto, se pueden abrir nuevas puertas a muchos proveedores que ahora ven limitada su entrada en la administración. Por el momento, esta controversia se ha trasladado a una guerra de declaraciones. Los defensores de la neutralidad, integrados en el Observatorio de Neutralidad Tecnológica (compuesto por el abogado José María Lancho, la Asociación Linux Español, la Asociación de abogados Legalventure y la revista Linux Magazine) sostienen que la presencia de un software propietario por encima del 20% en la infraestructura informática de la Administración crea una dependencia incompatible con el principio de neutralidad tecnológica que debe imperar en el sistema informático de los servicios generales del Estado. En el otro lado la cabeza visible es Rosa García, responsable de la filial de Microsoft en España, quien defiende que el uso de programas libres puede conllevar contrapartidas como que no cuenten con actualizaciones y un soporte técnico adecuado, cosa que sí proporcionan los fabricantes de software propietario. Aparte de esto, han dado mucho que hablar las iniciativas de los gobiernos regionales de Extremadura y Andalucía, que manejan sus infraestructuras a través de sistemas libres de derechos como Linex y Guadalinex, respectivamente. Otras comunidades también se han sumado a esta iniciativa y han incorporado sistemas de distribución libre en varios departamentos de sus consejerías de educación, como la Comunidad Valenciana con LliureX, Castilla la Mancha con Molinux, Galicia con Trisquen y Max en la Comunidad de Madrid. Por otro lado, un capítulo que puede ser de especial relevancia para los desarrolladores de software es el que se refiere a la potestad de la administración de declarar como open source aquellos programas que estime convenientes para compartirlos con otros organismos e incluso personas físicas sin cobrar por ello. Además, el anteproyecto indica que la Administración General del Estado impulsará el desarrollo de aplicaciones y estándares comunes de interés para el desarrollo de la administración electrónica, así como la creación de un centro para la transferencia de tecnología cuyo objetivo será la reutilización de aplicaciones libres de derechos.
Los plazos para que todo esté operativo explicitan el 31 de diciembre de 2008 como fecha a partir de la que los ciudadanos puedan acceder a los medios electrónicos contemplados en la Ley. Por último, una vez que la ley sea publicada, el Ministerio de Administraciones Públicas, junto con el Ministerio de Economía y Hacienda e Industria, presentará un plan de implantación de los medios necesarios para hacer posibles estas realidades. Comunidades autónomas y ayuntamientos tendrán hasta 1 de enero de 2010 como fecha límite para integrarse en la administración electrónica que el Gobierno central promueve.
La situación actual de la administración electrónica en nuestro país se encuentra cercana a la media europea, según varios estudios de los organismos europeos y de consultoras privadas. El indicador eEurope de la UE muestra que un 22,5% de españoles obtienen información de páginas web de la administración, lo cual se sitúa un punto por encima de la Europa de los 15. El país europeo en el que mayor número de internautas obtienen información de la administración es Suecia, con un 48,7%.
A nivel de empresa, el 52% de las compañías españolas usan las webs de la administración para obtener información, mientras que un 51% se descarga formularios y sólo un 35% los devuelve cumplimentados. En este aspecto, el país europeo que más destaca es Finlandia, donde el 71% de las empresas envían los formularios cumplimentados a la administración a través de Internet. Por último, sólo un 23% de las firmas nacionales tramitan completamente sus expedientes administrativos a través de Internet, frente al 76% de las empresas griegas que hacen lo propio.
Sanidad en línea
Objetivo: mejorar la atención sanitaria a los ciudadanos garantizando la movilidad geográfica de los pacientes por el territorio nacional.
Presupuesto 2005-2008: 252 millones de euros.
Justicia en línea
Objetivo: digitalización de los registros civiles y juzgados de paz en el plazo de tres años, así como facilitar su consulta en línea.
Presupuesto 2006-2008: 128 millones de euros.
DNI electrónico
Objetivo: divulgar y promover el DNIe entre ciudadanos y empresas. Su expedición comenzó en Burgos en marzo de 2006 y se prevé que su despliegue por toda España se complete en marzo de 2008.
Prespuesto: 150 millones de euros.
Ciudades digitales
Objetivo: promoción de la sociedad de la información en los municipios a través de la implantación de la administración electrónica.
Presupuesto: 12,4 millones de euros en 2006.
Avanza local
Objetivos: garantizar la presencia en Internet del municipio a través de una página web, favorecer la prestación de servicios básicos on line para ciudadanos y empresas, y fomentar el intercambio de información entre administraciones locales y el resto de administraciones públicas.
Presupuesto: 105 millones de euros entre 2006 y 2010, aportados por el Ministerio de Industria, Diputaciones, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
La cara más visible de toda esta reforma digital administrativa es el DNI electrónico, que desde el pasado mes de marzo ya convive con el tradicional. Fue en la ciudad de Burgos donde dio comienzo un programa piloto de expedición de estos nuevos documentos y tras dos meses comenzó a extenderse en el resto de provincias españolas. La previsión es que la total implantación del nuevo DNIe esté finalizada en marzo de 2008. Para ello se ha dotado a esta iniciativa con un presupuesto de 150 millones de euros.
Entre las principales características que incluye el nuevo DNI se encuentra la incorporación de los datos biométricos del titular del mismo en un chip integrado en el documento, que incluye la firma del interesado, su huella dactilar, sus datos de filiación, la fotografía digitalizada y varios certificados de autentificación y firma. Las ventajas de este documento de identificación se resumen en una garantía de mayor seguridad en las transacciones administrativas y la posibilidad de realizar trámites a distancia sin necesidad de aportar documentación que ya obre en poder de la Administración.
