Los distintos organismos gubernamentales, desde la Administración central hasta los ayuntamientos, pasando por las comunidades autónomas, se han convertido de un tiempo a esta parte en el cliente potencial de mayor envergadura y en la tabla de salvación de muchos integradores. El atraso tecnológico en el que se encuentra sumida la Administración permite vislumbrar una gran oportunidad aún por explotar. Por otra parte, y consecuentemente, el Gobierno comienza a destinar sustanciosas partidas presupuestarias para suplir las deficiencias en tecnologías de la información. Atendiendo el Informe de Sedisi, el gasto de la Administración Pública en tecnologías durante 2001 fue de más de 992 millones de euros -sólo se tienen en cuenta las ventas directas-, esto es un 7,35 por ciento más que en 2000, año en que la partida presupuestada no alcanzó los 925 millones de euros. Es decir, el Estado se convierte en una gigantesca empresa con necesidades muy claras que cubrir en este campo y, además, dispone de dinero para gastar. De esta forma, no es de extrañar que la competencia por penetrar en el sector público sea feroz, especialmente teniendo en cuenta la debilidad de la demanda de las empresas privadas que, debido a la inestabilidad del mercado, se están viendo obligadas a reducir sus inversiones en materia tecnológica. Así, se puede afirmar que el desarrollo de la administración electrónica está tomando el relevo de la empresa privada como motor de crecimiento para el sector.
Cap Gemini Ernst & Young establece cuatro fases que marcan el camino hacia el e-gobernment. La primera de ellas es la creación de portales meramente informativos sobre los servicios públicos. Una segunda etapa contemplaría el paso hacia una interacción unidireccional, por ejemplo que el ciudadano se pueda bajar formularios de la Red. La consultora informa que España se encuentra situada en este nivel, aunque cercana al siguiente escalón, que supone una interacción bidireccional entre la administración y el usuario. Finalmente, la madurez, aún lejos de alcanzar en la mayoría de los países europeos, radica en la posibilidad de realizar transacciones a través de Internet, como la tramitación del DNI, posibilidades de pago, etc.
Los mecanismos para penetrar en este negocio y lograr la adjudicación de operaciones con alguno de los organismos se llevan a cabo a través de concursos públicos. En ellos se especifica el tipo de proyecto y los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de su adjudicación. La mejor estrategia a seguir para lograr que la propuesta sea valorada, según Jean François Favard, director general de Thales IS España, consiste en conocer muy bien los objetivos para ser capaces de orientar la oferta hacia la satisfacción de los mismos. Además de la presentación de un buen plan, otros aspectos que puntúan en la elección del mejor candidato serán el currículum de la compañía, su solidez y, sobre todo, la experiencia y los conocimientos en proyectos similares. Asimismo, en municipios pequeños también se suele tener en cuenta la proximidad del integrador. Aunque, por supuesto, como en cualquier otra empresa, uno de los aspectos determinantes que acabarán inclinando la balanza por una u otra oferta según el del precio final. Este método de contratación tiene como pegas para las empresas que trabajan con el sector gubernamental la falta de fidelidad de este cliente, pues, por muy satisfactoria que haya sido la relación, el proveedor siempre tendrá que volver a presentarse a concurso en futuros proyectos.
Tanto Thales como Getronics, otro de los integradores consultados por CHANNEL PARTNER, afirman que la Administración también ha mejorado en cuanto a los plazos de pago y la leyenda negra que pesaba sobre ella debido a la demora en los cobros ha pasado a la historia. Ahora las fechas se cumplen religiosamente atendiendo a la ley de contratos que marca la forma y plazos de pago tanto en el sector público como en el privado 30, 60 o 90 días, dependiendo de los casos.
A la hora de analizar las necesidades que debe cubrir el sector público se pueden establecer líneas distintas de actuación. En primer lugar se encuentra la renovación de las estructuras informáticas internas. Aunque las carencias de la Administración no se encuentran aquí, el verdadero reto del sistema público está en aprovechar las nuevas tecnologías para poner a disposición del ciudadano sus servicios, trasladando aplicaciones que hasta ahora eran de uso interno a Internet para hacerlas accesibles a todo el mundo y poner los recursos de la Administración al alcance del ciudadano. Es lo que se conoce como la e-administración. Así lo confirma Joaquín Rodríguez, director general de infraestructuras para la zona centro de Getronics Desde el año pasado lo que más está demandando la Administración es el desarrollo de soluciones que mejoren su infraestructura de comunicación. De esta forma, Getronics ha centrado su oferta en el desarrollo de redes multiservicio que integran voz, datos y vídeo sobre la misma IP, que luego permiten montar aplicaciones de servicios web para poner a disposición de la población los recursos públicos, explica Rodríguez. Igualmente, en Thales los esfuerzos a la hora de acercarse a las instituciones gubernamentales giran, según su director general, en el desarrollo de portales, herramientas de flujo de trabajo y gestión de documentos. Las tecnologías utilizadas son claramente web, con arquitecturas del tipo WebSphere, WebLogic y desarrollos en Java, explica Jean François Favard.
La seguridad, en cambio no parece ser una prioridad. Mientras que, actualmente, las principales inversiones de las empresas privadas giran en este campo, la Administración no parece que esté acometiendo hoy por hoy demasiados proyectos, a excepción de los certificados de firma digital para validar documentos o de herramientas para el control de acceso y tecnologías del tipo PKI o de llave pública.
La tendencia en cuanto a inversiones del Gobierno en TI parece que continuarán en esta línea ascendente, aunque hay mucho camino aún por recorrer. En un estudio presentado por Cap Gemini Ernst & Young sobre el desarrollo de servicios públicos por Internet, donde se han evaluado los 15 estados miembros de la Unión Europea más Islandia, Noruega y Suiza, la puntuación media global es del 60 por ciento [un cien por cien sería el pleno desarrollo del gobierno electrónico], lo que supone un crecimiento en disponibilidad on line de los servicios de la administración en Europa de 5 puntos con relación a la anterior medición, en abril de 2002. Por su parte, España se sitúa por encima de esta media, con un 64 por ciento, lo que representa un avance del 6 por ciento en tan sólo 6 meses. Esto demuestra el compromiso claro del sector público por impulsar y promover la denominada Sociedad de la Información. La consultora apunta que el organismo que más promoverá proyectos este año será el Ministerio de Sanidad. Asimismo, en cuanto a las soluciones más demandadas a lo largo de 2003 se prevé que sean todas las relacionadas con la firma electrónica, los certificados digitales o la autenticación.
