Según la edición on line del diario El Mundo, el polémico artículo 17 bis del anteproyecto de Ley de medidas de fomento de la Sociedad de la Información ha sido suprimido del texto que será sometido a la aprobación del Consejo de Ministros. Dicho artículo contemplaba la posibilidad de que las asociaciones de autores pudieran requerir a los proveedores de Internet que bloqueasen determinados contenidos considerados ilícitos por las entidades de gestión sin proceso judicial alguno.
Ante este paso, la Fap (Federación para la protección de los derechos de autor) ha expresado su “indignación” y ha explicado que las “medidas contempladas en dicho artículo son esenciales para proteger los derechos de autor y, por tanto, la propiedad intelectual a través de Internet, facilitando un mecanismo de comunicación y retirada de los contenidos que vulneren los derechos de autor”. Además ha añadido que “la reacción de la comunidad internauta está injustificada” ya que el artículo establecía unas “garantías judiciales”, aunque no ha especificado cuáles.
La noticia de que el anteproyecto de reforma de la LSSI permitía la censura saltó el pasado miércoles a los medios, cuando se conoció un dictamen del Consejo de Estado (órgano consultivo del Gobierno que sirve de filtro jurídico para los cuerpos legales que se aprobarán en Consejo de Ministros) contrario a la medida establecida en el artículo 17 bis. A través del mismo las entidades de gestión como la SGAE podían exigir a un proveedor de servicios que retirase los contenidos que, a juicio de las entidades gestoras, podían constituir una infracción de los derechos de autor. Y todo ello sin el debido procedimiento judicial.
