Sentencia histórica en España. Sólo una semana después de que la UE diera la campanada e impusiera a Microsoft la mayor multa en el ámbito comunitario por prácticas que ponen en entredicho el justo juego de mercado, el Tribunal de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Hacienda, también ha impuesto una sanción sin precedentes a escala local. En concreto, la decisión obliga a Telefónica a pagar 57 millones de euros por aprovechar su posición para dificultar la libre preasignación de operador, un sistema que permite al usuario hacer llamadas con terceras compañías sin necesidad de marcar un prefijo. El detonante fue una denuncia de Astel (Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones) en 2001, justo cuando empezaba la liberalización del sector. En la misma se ponía en duda la legalidad de una campaña en la que la compañía que preside César Alierta advertía por carta a sus clientes de los «riesgos» de cambiar de compañía. Ahora, además de la penalización económica, el tribunal obliga a Telefónica a retractarse de aquella comunicación masiva y reiterada mediante un mailing a todos los clientes con los que contacto por entonces. Además, en esa comunicación Telefónica deberá indicar claramente que la preselección de operador no supone ninguna merma de la calidad en el servicio telefónico básico, en el mantenimiento de la línea o en el precio de los servicios suplementarios.
Telefónica ya ha asegurado que recurrirá una sentencia que podía haber sido mucho más dura. El máximo para este tipo de correctivos es el 10 por ciento de la facturación de la compañía, que en 2003 ascendió a 3.800 millones de euros [la sanción impuesta se ha quedado en el 1,5 por ciento de esta cantidad]. Según publica el diario Cincodías, Alierta ha considerado la decisión del tribunal español «desproporcionada, anormal e inmoderada desde el punto de vista de la jurisprudencia», al tiempo que recordaba que España es el país europeo con mayor porcentaje de preasignación.
