En octubre del pasado año entró en vigor la llamada “Ley Antifraude” (Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal), que regulará los programas de gestión de software y obligará a las empresas a tener un registro de facturación. No obstante, algunas de sus novedades más notorias no se harán efectivas hasta la aprobación del Real Decreto, donde se especificarán las características de la certificación necesaria en los programas de software de contabilidad y gestión.
Esta especie de “gran hermano fiscal” ha sido analizado por Isabel Meseguer Civera, responsable de desarrollo de negocio en el Centro Tecnológico privado ITI, José Miguel Rodríguez Moya, socio fundador de AINTSA, y Yolanda Tomás, responsable del área de calidad del software en ITI, en uno de los encuentros profesionales organizados por la Asociación de Tecnologías de la Información de la Comunitat Valenciana (Som Digitals).
El software de facturación debe instalar una opción para que un inspector tributario pueda acceder a la información, consultarla y descargarla
En esencia, la ley prohíbe la existencia del software de doble uso y obliga a que todos los programas tengan un registro de facturación con características específicas de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad. “La normativa pretende evitar la utilización de software de doble uso, que son aquellos que facilitan la omisión o alteración de los procedimientos, permitiendo realizar una facturación paralela”, especifica Meseguer.
La responsable del área de calidad de software en ITI asegura que las empresas desarrolladoras se verán obligadas a evitar que sus sistemas informáticos permitan la falsificación de la realidad económica-contable, de facturación y de gestión. “El objetivo de la ley es garantizar que no se van a modificar los datos de facturación, y si ocurriese, debe quedar constancia haciendo una trazabilidad de los movimientos a través de triggers”, afirma Tomás.
La llamada «ley antifraude» prohíbe la existencia del software de doble uso, que es el que facilita la generación de una contabilidad paralela, y obliga a que todos los programas tengan un registro de facturación con características específicas
Información legible y trazable
La implementación de esta nueva ley supone un nuevo paradigma en el sector de la gestión empresarial y la evolución del software de facturación. José Miguel Rodríguez afirma que, con la ley, se busca facilitar la legibilidad de los registros, el análisis automatizado y la simultánea remisión a la administración tributaria. La normativa pretende que toda la información sea legible y trazable, por lo que, aunque no esté todavía oficializado, se buscará la utilización de formatos estándares como XLSX, CSV O XML, como ya sucede en otras normativas tributarias, y la implementación de la huella hash.
Las compañías de desarrollo de software se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no cumplen con esta normativa, por lo que están obligadas a modificar sus sistemas para cumplir con la Ley. Por otro lado, las empresas usuarias tendrán que adaptar sus procesos de trabajo para no resultar perjudicadas en aspectos cruciales como los plazos de cobro.
La ley busca la utilización de formatos estándares como XLSX, CSV O XML, como ya sucede en otras normativas tributarias, y la implementación de la huella hash
No obstante, los expertos consideran que, gracias a este nuevo reglamento, se conseguirá un registro de operaciones de una forma más segura, no manipulable y accesible para los usuarios y para la Agencia Tributaria, ya que el software debe instalar una opción para que un inspector tributario pueda acceder a la información, consultarla y descargarla. Asimismo, se garantizará la integridad, autenticidad y trazabilidad de los datos mediante elementos de seguridad como el encadenamiento de datos, la huella hash, QR o firma digital. Por último, la «ley antifraude» constituye una oportunidad para todas las empresas, independientemente de su tamaño, puesto que puede simplificar las declaraciones trimestrales de impuestos, entre otras ventajas, y permitir un ahorro para las empresas.
