Más piedras en el camino de aprobación del registro horario digital, una propuesta del Ministerio de Trabajo que pretende eliminar medios analógicos a la hora del fichaje horario en las empresas y sobre todo conectar los registros con la Inspección de Trabajo, todo con el fin de reducir la incidencia de las horas extras impagadas. Ahora, el Consejo de Estado ha emitido un dictamen muy crítico sobre el proyecto de real decreto de registro horario, concluyendo que “no procede aprobarlo” en su forma actual.
Aunque el órgano consultivo del Estado valora positivamente el objetivo de la norma —evitar las horas extra no remuneradas mediante un sistema digital accesible para la Inspección—, considera que el texto presenta importantes carencias.
La principal crítica se centra en la falta de un análisis económico riguroso. El Consejo sostiene que el impacto sobre las empresas no ha sido correctamente evaluado y califica de “poco realista” la afirmación del Ministerio de que la medida no supondrá una carga relevante. Según sus estimaciones, el coste inicial podría alcanzar los 867 millones de euros anuales, sin incluir gastos adicionales como implementación, formación o mantenimiento. Además, advierte de que tampoco se ha valorado adecuadamente el impacto presupuestario en las Administraciones públicas.
El órgano también cuestiona que el reglamento invada competencias propias de una ley, al imponer nuevas obligaciones a empresas y trabajadores, lo que exigiría tramitación parlamentaria. En esta línea, coincide con críticas previas de la patronal CEOE y de otros ministerios, como Economía, que, aunque respalda el objetivo, reclama un periodo transitorio más amplio y medidas específicas para pymes y sectores con particularidades.
Precisamente, el Consejo de Estado subraya que el diseño del sistema no tiene en cuenta la diversidad sectorial. Considera inapropiado imponer un modelo digital único para actividades con características especiales, como la hostelería o ciertos trabajos con jornadas singulares, y propone excluir estos casos.
Objeciones a la protección de datos
Otra de las objeciones más relevantes se refiere a la protección de datos. En línea con la Agencia Española de Protección de Datos, el dictamen señala que el proyecto no garantiza suficientemente la seguridad de la información ni define aspectos clave del sistema, como el uso de datos biométricos o los mecanismos de acceso. Advierte de que la iniciativa podría afectar al derecho fundamental a la intimidad si no se concretan mejor las garantías técnicas.
Asimismo, critica la escasa justificación de la urgencia del proyecto, la insuficiencia de la memoria de impacto normativo y la falta de integración de las observaciones de otros organismos. Incluso reprocha el tono del texto, por considerar excesivas algunas afirmaciones sobre sus beneficios.
Pese a todo, el Consejo de Estado reconoce que el objetivo de controlar la jornada laboral es legítimo y positivo para el bienestar de los trabajadores. Por su parte, el Ministerio de Trabajo sigue defendiendo la reforma como un compromiso del Gobierno y una medida necesaria tanto social como económicamente, asegurando que seguirá adelante con su desarrollo.
