El Gobierno ha debido dar marcha atrás a su propuesta de subida de las cuotas de los autónomos. Las críticas surgidas por parte de todas las asociaciones empresariales e incluso dentro del seno del propio Gobierno, han obligado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a poner el freno de mano y a paralizar las subidas de cuotas a los autónomos con menores ingresos, los más perjudicados por esta medida.
Según los datos del Ministerio, la medida supondrá la congelación de las aportaciones mensuales para unos 1,4 millones de trabajadores por cuenta propia.
En concreto, el ajuste afectará a los profesionales incluidos en los tres primeros tramos de la denominada tabla reducida de cotización, es decir, aquellos que declaran ingresos inferiores a 1.166,70 euros mensuales (14.000 euros anuales). Así lo explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista concedida a El País este lunes.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones presentó una propuesta para que a partir de 2026 las cuotas de los autónomos subieran, en función de sus ingresos reales. Por ejemplo, se hablaba de incrementos mensuales entre 11 y 206 euros. Esto ha generado un evidente rechazo porque, aunque los que más ganan pagarían más, los que menos dinero ingresan también se verían obligados a pagar más cuando ya soportan una presión fiscal elevada sin contraprestaciones
Una de las principales preocupaciones en torno a la nueva propuesta del Gobierno es el impacto sobre los autónomos con ingresos más modestos. Diversos informes apuntan a que una parte significativa del colectivo declara rendimientos bajos, por lo que cualquier incremento en las aportaciones supone una carga económica adicional.
Según estimaciones publicadas por varios medios, para quienes ingresan hasta 670 euros mensuales, la cuota podría situarse en torno a los 217 euros al mes, lo que ha generado una fuerte oposición entre las asociaciones de trabajadores por cuenta propia.
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Falta de equidad
Las críticas también se centran en la falta de progresividad del nuevo esquema de cotización. Algunos colectivos consideran que quienes menos ganan no verán reflejada una reducción proporcional de su cuota, lo que pone en duda la equidad del sistema.
Desde distintas asociaciones y grupos políticos se reclama que, antes de aplicar nuevas subidas, el Ejecutivo refuerce la protección social de los autónomos, mejorando las prestaciones por cese de actividad, permisos y otros derechos equiparables a los de los trabajadores asalariados.
Desacuerdo
El plan ha generado reacciones encontradas tanto en el ámbito político como entre las organizaciones profesionales.
- La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha mostrado su rechazo frontal a la medida.
- Partidos políticos, incluidos algunos socios del Gobierno, han expresado su desacuerdo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado públicamente que no comparte la propuesta.
Una reforma dentro de un marco más amplio
Esta actualización de cuotas se enmarca en un proceso de reforma estructural iniciado en 2022, cuyo objetivo es que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales y se reduzca la brecha de protección respecto a los asalariados.
No obstante, algunas voces del sector interpretan la medida más como un ajuste recaudatorio que como un paso hacia una mayor equiparación de derechos.
