La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha mostrado su conformidad con la propuesta de nuevo Reglamento de Contratación Pública de la Comisión Europea para que incorpore el pago puntual y el pago directo a los subcontratistas, así como la apuesta por sustituir las actuales directivas de contratación pública por un único reglamento directamente aplicable en toda la Unión Europea, favoreciendo una mayor homogeneidad y seguridad jurídica.
De acuerdo al último informe de la plataforma, los plazos de pago se sitúan en España en 70 días de promedio para las administraciones públicas, frente al máximo legal de 30 días, y eleva hasta 87 días el plazo medio en el que los contratistas principales pagan a sus subcontratistas
El estudio señala además que el 60% de los proveedores sufrió la imposición de plazos superiores a los permitidos legalmente.
La PMcM considera que la Comisión Europea avanza en la dirección adecuada y quiere contribuir de forma constructiva a reforzar la propuesta durante su tramitación. En particular, considera imprescindible garantizar que el cumplimiento de los plazos de pago alcance de manera efectiva a toda la cadena de contratación y no dependa de decisiones discrecionales de cada Administración, de forma que las garantías de pago lleguen también a proveedores y subcontratistas.
La propuesta europea establece que los compradores públicos deberán garantizar el pago puntual a contratistas y, cuando proceda, subcontratistas. Además, contempla que, a petición del subcontratista y cuando la naturaleza del contrato lo permita, la Administración deba abonarle directamente los importes debidos por los trabajos, suministros o servicios prestados al contratista principal.
“Es un avance muy relevante que Europa refuerce la protección de quienes están al final de la cadena y reconozca el pago directo a los subcontratistas. Es precisamente una medida que desde la PMcM venimos reclamando porque no basta con que la Administración pague al adjudicatario principal: el dinero tiene que llegar en plazo a las pymes y autónomos que han ejecutado realmente el contrato”, afirma Antoni Cañete, presidente de la PMcM. Además, “sería interesante valorar la posibilidad de que esta petición del subcontratista sea confidencial, para evitar abusos por parte del contratista”, añade.
El dinero público debe recorrer toda la cadena
La PMcM considera, sin embargo, que uno de los principales puntos de la propuesta debe mejorarse. El texto permite que las Administraciones establezcan como condición de ejecución que los contratistas trasladen a la cadena de suministro condiciones de pago equivalentes a las previstas por la normativa europea contra la morosidad, pero lo plantea como una posibilidad y no como una obligación.
La PMcM reclama por ello que esta disposición pase a ser obligatoria, de manera que los plazos y garantías de pago se respeten en todos los eslabones de la contratación pública. También pide concretar los supuestos en los que puede aplicarse el pago directo al subcontratista, evitar que las objeciones del contratista principal puedan utilizarse para demorar injustificadamente el cobro y establecer un procedimiento sencillo, rápido y homogéneo.
