Si todas las administraciones públicas españolas implantaran la factura digital, el conjunto del Estado ahorraría anualmente 1.800 millones de euros (80 en el caso de Madrid, 55 en el de Barcelona y hasta 40.000 si nos referimos a toda Europa). Lo dice un estudio elaborado por Ricoh en colaboración con Billentis en cuyas conclusiones se insta al sector público de todo el viejo continente a adoptar este método por el recorte de gasto que supondría. No en vano, este sector es uno de los mayores en términos de volumen de facturación, puesto que entre el 45% y el 65% de las compañías le suministran bienes o servicio.
El informe revela que, aunque se estima que las facturas enviadas electrónicamente por empresas y administraciones aumentarán un 30% en 2012 con respecto al año anterior, la penetración de este sistema sigue siendo baja. De hecho, solo el 18% del total de facturas generadas en Europa se enviarán por vía electrónica. Un nivel mínimo pese a la intención de la Comisión Europea de que la e-factura sea el modelo predominante en 2020 y de las acciones que se están implementando a través de la Agenda Digital de la Unión Europea para eliminar barreras y extender su adopción.
Por otra parte, esta investigación descubre que globalmente solo el 5% de las facturas se envía de forma digital y que el 10% de los datos introducidos manualmente en este tipo de documentos contienen un error. Asimismo, entre el 10 y el 15% de estas cuentas requieren un recordatorio, lo que implica tiempo y costes extras, y se suelen copiar seis veces. Finalmente, cuanto más grande es la organización, más complicado es determinar su volumen exacto de facturación.
Para calcular los ahorros que podría conseguir con el cambio a la facturación electrónica, pinche aquí.
