A finales de junio, AMD interpuso una demanda a su máximo rival Intel en una corte federal de EEUU (después la llevaría a cabo también en Japón) por monopolio en el mercado de los microprocesadores x86, asegurando haber identificado a 38 compañías localizadas en diferentes países que habían sido supuestamente coaccionadas por Intel para que no instalaran sus chips. A estas acusaciones, la compañía líder del mercado en ventas de procesadores (con una cuota de 85% a nivel mundial) respondía asegurando que no tiene intención de cambiar su agresiva estrategia comercial. La reacción de la Comisión Europea ha tardado poco en producirse y en el día de ayer varios de sus inspectores irrumpieron en las oficinas de ocho de las subsidiarias de Intel en Europa, incluida la española, en busca de pruebas sobre el abuso de poder por el que la firma ha sido acusada, según ha informado el diario El País. Por el momento se desconocen más datos acerca de este registro, aunque, al parecer, este tipo de prácticas son habituales en los servicios de Competencia de la Comisión para obtener información sobre prácticas comerciales no permitidas en la UE. Entre estas acciones consideradas ilegales se encuentra la oferta de descuentos a los fabricantes para que utilicen el producto (en este caso de Intel), dejando fuera del mercado a la competencia (AMD).
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