España da un paso más el próximo verano en política medioambiental. Y es que desde el 13 de agosto de 2005 los fabricantes y distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos tendrán que recoger y gestionar el reciclaje de los equipos antiguos que todos los usuarios deberán entregar en el momento de la compra de uno nuevo. Esto es lo que se recoge en el Decreto Ley 208/2005, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 25 de febrero, y que no hace sino seguir las líneas maestras de varias directivas europeas que incidían en la gestión de residuos. El ámbito de la ley es amplio y propone sistematizar la recogida y aprovechamiento de todo tipo de aparatos que funcionen gracias a corriente eléctrica o campos magnéticos, desde grandes equipos de refrigeración o un juguete o una tostadora, pasando por lámparas o equipos de informática y telecomunicaciones como un ordenador portátil o un teléfono móvil. El texto estipula, en su artículo 4, que la entrega será gratuita para el consumidor y que será el productor el que pacte con su canal la mejor forma de recogida de los mismos. Asimismo, el transporte y tratamiento de los residuos en plantas habilitadas a tal efecto deberá ser costeado por los proveedores. En este punto, el texto implica a los ayuntamientos que deberán garantizar la recogida de aparatos procedentes de hogares.
En el caso de que los aparatos de desecho procedan de clientes no residenciales, como empresas u organismos públicos, serán los fabricantes los que estén obligados a establecer el sistema de recogida y traslado a los centros de tratamiento autorizados.
La medida encarecerá en alguna medida el coste final de los productos. ¿Cuánto será? José Pérez García, presidente de Asimelec, la patronal que reúne al 80% de los proveedores de electrónica y telecomunicaciones, cree que es difícil decir ahora cuánto será el coste adicional en cada caso porque dependerá en gran parte del volumen de recogida. Sin embargo, Pérez García calcula que cada kilogramo de residuo costará medio euro. Así, un móvil estará en torno a 10 céntimos y un ordenador portátil costará 1,5 euros. No obstante, desde Asimelec aseguran que este sobrecoste no va a tener un impacto negativo en la demanda.
La patronal ha sido una de las primeras organizaciones en valorar esta regulación, que en líneas generales considera positiva, aunque reclama que la recogida en los puntos de venta de los aparatos procedentes de los hogares debería ser asumida por las autoridades locales, así como su financiación. Asimelec defiende el principio de responsabilidad compartida y cree que descargar sobre los fabricantes todo el peso económico puede provocar dificultades para el cumplimiento del texto. No obstante, Asimelec se congratula porque el Gobierno ha hecho caso a una de sus demandas: la creación de un Registro de Productores. Este listado contendrá información de los actores en el mercado y de qué referencias de producto están vendiendo en cada momento, así como la cantidad de cada uno de ellos. De esta manera, la comunicación al registro de cada productor de su cuota de mercado determinará de forma transparente el reparto de cargas económicas que conllevará la gestión de los residuos..
Otra de las propuestas de Asimelec que ha recogido el texto es el desglose de factura. Esto, que conlleva que el coste de la gestión de aparato del que se desprende el usuario figure como un apartado más en la factura del nuevo, como el IVA, impedirá a los fabricantes y distribuidores utilizar este concepto para negociar a la baja el precio final.
El Decreto Ley 208/2005 se marca como objetivo general mejorar la conciencia y los hábitos medioambientales de todos los implicados en ciclo de vida de los aparatos, no sólo de los fabricantes y distribuidores, sino también de los usuarios. Este punto es importante, toda vez que el usuario (doméstico o empresarial) es el punto de partida de la cadena, y si no lleva el aparato que quiere sustituir a la tienda el efecto de la ley será nulo. Para inculcar este hábito en la ciudadanía, Asimelec apuesta por campañas de concienciación y no tanto por incentivos. «Sería absurdo premiar a alguien por tirar bien la basura», dice el presidente de la patronal.
En este sentido, la asociación empresarial ya cuenta con experiencia en la recogida y gestión de residuos, pues desde 2001 mantiene, en colaboración con los proveedores de teléfonos móviles y los tres operadores, el sistema de recogida de terminales Tragamóvil. Asimelec asegura que en estos cuatro años ha recogido más de 200.000 kilos de teléfonos en los 300 puntos de entrega con que cuenta. Asimismo, la asociación asegura que al día de hoy también dispone de un sistema capaz de hacer frente a la gestión de equipos ofimáticos como impresoras o PC.
La ley también se marca como objetivo para 2006 de finales un volumen de recogida mínimo de de 4 kilos de residuos por habitante y año. Ahí queda el reto.
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