El gigante informático continúa su plan contra la piratería del software ilegal a través del Mistery Shopper, una iniciativa que consiste en que un comprador no identificado de Microsoft recorre el canal de distribución simulando una compra de equipos y su software necesario para comprobar si en estos puntos de ventas se ofrece al consumidor aplicaciones ilegales de la compañía. Y es que, como recuerda la propia Microsoft, se trata de una práctica que impide el acceso a futuras actualizaciones del sistema, la no disposición de un soporte técnico y un funcionamiento menos fiable de esta tecnología para el cliente. Además, esta acción también perjudica tanto al vendedor, ya que deja de ganar el margen del software original, como las otras empresas del canal, que compiten en inferioridad de condiciones. La última fase de este plan de lucha contra la piratería se iniciará el próximo mes de marzo, momento en el que 4.000 empresas del canal serán nuevamente visitadas para comprobar su sistema de venta, incidiendo en aquellos partners que en anteriores visitas vendían software ilegal, para los que la compañía inició una campaña de activación comercial en la que ofrecía una serie de herramientas que facilitaban la venta de software, como el programa de licencias que se adaptan al perfil del cliente final o recursos especiales para ensambladores (OEM). Además, el gigante informático en esta nueva etapa se reserva el derecho de emprender acciones legales contra las empresas que no respeten la ley que protege la propiedad intelectual de sus productos [como resultado de las nuevas reformas introducidas en el Código Penal el 1 de octubre de 2004, se introdujo el artículo 270 por el cual las fuerzas policiales pueden ya actuar de oficio en infracciones de derechos de autor sin la necesidad de contar con una denuncia previa realizada por el titular de los derechos de autor].
En la campaña de Mistery Shopper del pasado año se visitaron unas 4.300 empresas de las que un 44% comercializaban software ilegal, una cifra muy superior a la presentada en 2003, que fue de un 21%. El porcentaje del último año ha situado a España en el segundo país con mayor piratería de toda Europa.
