El Consejo de Ministros aprobará mañana el proyecto de ley para la reducción de los plazos de pago de los comerciantes de productos alimenticios a sus proveedores, según publica hoy El País. Se reducirán a 30 días los desembolsos para los productos frescos y perecederos, mientras que los alimentos no perecederos y de gran consumo podrán pagarse en 60 días. Es mismo plazo es el que tendrán las Administraciones Públicas para todos los productos. El objetivo es proteger a las pymes de los problemas de liquidez. Y, aunque de momento se circunscribe a los alimentos, supone el primer paso hacia una legislación más estricta en cuanto a plazos de pago en todos los sectores, con las consiguientes repercusiones en el informático, que sufre los problemas financieros derivados de tener que esperar por el cobro entre 90 y 120 días.
La norma, que se pretende aprobar antes del verano, supone la trasposición a la legislación española de una directiva de la Unión Europea que ya lleva 3 años de retraso, y que ya le ha causado al Gobierno una denuncia en el Tribunal de Luxemburgo. Se da así respuesta a las reivindicaciones de los proveedores, que se quejaban de que hasta ahora el plazo medio de cobro es superior a los 100 días. Para la Confederación Española de Comercio, el texto aminorará los desequilibrios que se producen entre la gran superficie y el pequeño comercio.
Asimismo, el proyecto de ley quiere establecer un tipo de interés elevado para los morosos, de manera que quienes excedan de los plazos fijados habrán de abonar unos intereses en torno al 9 por ciento sobre la cantidad adeudada.
Anualmente, en Europa los retrasos en los pagos generan unos 90.000 millones de deudas vencidas y exigibles pendientes de cobro, pérdidas de créditos «incobrables» por valor de 23.600 millones y más de 10.000 millones en concepto de costes financieros.
