Comprar hardware sin pagar el software, utilizar una copia adquirida con licencia para instalar un mismo programa en varios ordenadores o copiar discos para su posterior instalación y distribución son algunos ejemplos de las distintas prácticas ilegales que realizan muchas empresas en nuestro país y bastante usuarios en sus hogares.
Microsoft define la piratería como la acción de realizar copias ilegales de programas originales. También se refiere a la falsificación y distribución de imitaciones de productos de software o de versiones no autorizadas de éstos.
Por su parte, la BSA (Business Software Alliance), la asociación encargada de velar por la seguridad y legalidad del software comercializado a escala mundial y que engloba a los principales proveedores de programas del planeta, destaca cinco tipos principales de fraude. El primero de ellos tiene que ver con el usuario final, concretamente, con el empleado de una empresa que reproduce copias de software sin la autorización expresa del fabricante para su comercialización o intercambio. El uso excesivo de tecnología cliente-servidor, que propicia la instalación en una red local de un programa para uso compartido sin que la licencia lo autorice, es otra forma muy extendida de uso ilegal de programas. En tercer lugar la BSA cita la piratería realizada a través de Internet, que consiste en la descarga ilegal de software mediante el acceso a sitios web piratas, páginas de subastas de software o redes interpersonales ( peer to peer) que permiten la transferencia no autorizada de programas protegidos por derechos de autor. En una vertiente mucho más comercial, está el caso de los ensambladores de PC que venden sus máquinas con software ilegal preinstalado para hacer su oferta más atractiva. Por último, está la venta ilegal de material protegido que se puede acompañar en un paquete de manuales, acuerdos de licencia, tarjeta de registro o etiquetas para evitar sospechas.
En lo que a penetración de software ilegal en las empresas españolas se refiere, Alfons Sort, presidente de la BSA en España y director general de Adobe Ibérica, reconoce que la mayor parte se concentra en las pymes (un 70 por ciento), ya que las grandes compañías están mucho más concienciadas de la obligación de usar software legal. En el canal también se repite la historia, son los pequeños distribuidores, segmentos donde suele haber más altas y bajas empresariales, los que más fraude cometen. Los distribuidores más consolidados en el canal tienen una política más estricta en cuanto al uso de software legal, primero, porque es la ley, y segundo, porque les interesa. El software es una parte importante de su negocio y ellos son los primeros interesados en que siga así, explica Sort.
Para Microsoft, la exigua cultura informática que existe en España, unido al desconocimiento legal, son dos de las principales barreras que impiden atajar la piratería. En este sentido, el gigante del software, que, según Ana Garcillán, responsable de la lucha contra la piratería de la filial, sólo ingresa la mitad de lo que debiera por culpa de la venta ilegal de sus programas, apuesta por la formación como principal caballo de batalla para frenar esta lacra. Microsoft está intentando ofrecer un servicio de enseñanza tecnológico a las empresas para que aprendan a utilizar el software, además de ayudarlas a regularizar su situación, apostilla Garcillán. En consecuencia, la compañía está trabajando desde hace tiempo en una línea de asesoría en el ámbito del software que informe de su valor y que lo desvincule del hardware. Para Garcillán, este conflicto se da sobre todo en las pequeñas compañías que compran los ordenadores y dan por hecho que los programas que vienen en él pueden ser utilizados indistintamente en cualquier PC. Nuestro objetivo es asesorarles para que sepan como gestionar sus licencias, y es muy importante la formación al canal.
La política actual de la compañía pasa por alejarse de las grandes campañas antipiratería y de las acciones judiciales en virtud de un plan que prevé ayudar a mejorar la calidad de la venta. En concreto, Microsoft quiere ayudar al cliente a entender los beneficios de la tecnología y preparar a su canal de distribución para que los explique y eduque a sus clientes.
Según Garcillán, los proveedores o distribuidores que están acostumbrados a vender servicios y que ofrecen una buena asesoría sobre como utilizar la tecnología suelen ser distribuidores que no piratean. El foco principal de fraude, por el contrario, se suele encontrar dentro de las pequeñas empresas, firmas con menos de 20 ordenadores, y en el mercado de los ensambladores, donde el factor precio es el principal atractivo de venta. Así, para la responsable, un buen ejemplo que define esta política corrupta es el del ensamblador que en vez de rebajar el precio de un equipo cierra su compra regalando el software ilegal junto con el hardware.
Esta forma de venta desleal lleva a pensar que el precio del software puede ser demasiado alto y que si se rebajase quizá este índice remitiría. En esta línea, Garcillán considera que esto no tiene mucho que ver. Caemos en un problema de valor de la tecnología. Si las empresas conociesen la verdadera productividad de los programas informáticos esto no ocurriría. A la mayor parte del software no se le saca partido y por eso no se amortiza.
En una entrevista que concedió recientemente Rosa García, consejera delegada de Microsoft Ibérica, a CHANNEL PARTNER, la responsable se mostró rotunda en este aspecto. Para desvincular la existencia de la piratería de los precios del software García puso el ejemplo de Rumanía, donde el fraude es menor a pesar de que las empresas locales y los usuarios, con salarios bastante más bajos, deben pagar lo mismo que en España por el software que adquiere.
En lo que respecta al perjuicio que todas estas acciones están causando a los distribuidores legales, el presidente de la BSA señala que es muy alto. Según Alfons Sort, muchas compañías han tenido que cerrar su negocio o han sufrido importantes pérdidas por culpa de estos fraudes que no ayudan a nadie. Sin embargo, señala, hay un matiz positivo en todo esto, y es el de que las empresas han empezado a tomar cartas en el asunto y a luchar por asegurar la legalidad de sus acciones y las de su competencia. Sort afirma que, en la actualidad, y gracias en parte a las labores de comunicación emprendidas por la BSA, los distribuidores han comenzado a fomentar el uso legítimo por parte de sus empleados del los recursos informáticos. Así, una de las pautas que más se está estandarizando es la de hacer firmar a los trabajadores un documento en el que éstos reconocen que son conscientes de que el software ilegal es un delito, y de que si son sorprendidos in fraganti pueden ser despedidos de forma procedente.
Otra de las acciones que, según Sort, están realizando estas empresas legales es la de denunciar ante la BSA a todas aquellas firmas que, sospechan, llevan a cabo actividades ilegales. Estas son referencias anónimas y nos llegan a través de la página web (www.bsa.org/es) o a través del número 900 211 048 que hemos dispuesto para este fin, concluye el directivo.
Parece pues que hay mucho en juego. Como reconocía en estas páginas la máxima responsable de Microsoft, Rosa García, es importante que el sector se conciencie de que está a punto de estallar la revolución del conocimiento, y si no hacemos que esta sociedad respete precisamente el conocimiento y la propiedad intelectual, España tendrá un grave problema de competitividad en el futuro.
Desde Autodesk, una empresa que el año pasado sufrió unas pérdidas mundiales de 300 millones de dólares a consecuencia de la venta ilegal de sus distintos programas de software, Jordi Pons, director general de filial española y vicepresidente de BSA España, también se muestra convencido de que la piratería irá decreciendo gracias a las acciones legales que se están emprendiendo y al buen criterio de la mayor parte de las empresas. Igualmente, Pons afirma que la piratería no es un efecto ni una consecuencia de los precios del producto -cuanto más barato, más pirateado es el software, dice-, sino que, por el contrario, responde más a un problema cultural, de ignorancia. Hoy por hoy existe un gran desconocimiento sobre todo lo que rodea al mundo informático, pero no sólo desde el punto de vista de que es necesaria una licencia para utilizar un determinado programa, sino también desde la perspectiva de las consecuencias legales que el uso fraudulento puede acarrear cuatro años de cárcel, 200.000 euros de multa o la inhabilitación profesional, entre otras cosas, señala Pons.
