En declaraciones a CHANNEL PARTNER, María Emilia Castillo, directora de Infortisa, ha desmentido la implicación del mayorista valenciano en la red internacional dedicada al fraude del IVA descubierta por la Guardia Civil. Aunque la responsable de la firma levantina ha confirmado que las Fuerzas de Seguridad del Estado han investigado a la compañía, también asegura categóricamente que la empresa siempre se ha motrado dispuesta a colaborar con la Agencia Tributaria con la que no mantienen ninguna deuda. Siempre hemos cumplido con nuestras obligaciones fiscales, afirma Castillo, quien asimismo expresa que el delito ha sido cometido por algunos proveedores a los que ellos habían comprado material informático.
Fortuna-Cebados es el nombre que la Guardia Civil ha impuesto a la operación que ha llevado a la desmantelación de una red internacional dedicada al fraude del IVA en el sector de la informática. La red, que utilizaba empresas instrumentales y testaferros para llevar a cabo sus actividades ilícitas, llevaba varios años trabajando en España y se cree que el fraude realizado podría superar los 10.000 millones de pesetas, mientras que el valor de venta de los productos puede que ronde los 80.000 millones de pesetas.
Asimismo, en el registro efectuado por la policía, se han incautado sellos, troqueles y otros útiles para dar apariencia legal a los documentos empleados en las operaciones comerciales, abundante documentación y casi 30 millones de pesetas.
Las investigaciones que se iniciaron en 1998, cuando la Fiscalía Anticorrupción comenzó a sospechar de un grupo de sociedades que podría estar cometiendo fraudes a Hacienda, permitieron a la Guardia Civil conocer la existencia de un entramado complejo de empresas instrumentales, que se iban relevando unas a otras hasta desaparecer y que se presentaban como clientes de importantes compañías del sector informático establecidas en distintos países europeos.
Dichas sociedades, que según la Guardia Civil han sido creadas por mayoristas y distribuidores con actividad comercial reconocida en el mercado, basaban su plan en la venta de mercancías a empresas legalmente establecidas en España, evitando ingresar en el Tesoro Público el IVA repercutido de sus transacciones, que sí hacían figurar en las facturas de venta de los productos, con el fin de beneficiarse de su deducción. Poco tiempo después, estas sociedades desaparecían sin dejar rastro, ya que las personas que figuraban como administradores no eran residentes en España, y los locales donde supuestamente se realizaba la actividad empresarial o no existían, o eran utilizados a modo de buzón de correos y recogida de correspondencia.
La operación, que continúa abierta y que ha sido coordinada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, se ha saldado con la detención de 28 personas, y con la incautación de 71 millones de pesetas, así como abundante documentación. Sin embargo, desde la Guardia Civil no se descartan nuevas detenciones.
