Por un mero cálculo político, el Gobierno de Pedro Sánchez sorprendía a todos a primeros de este mes de diciembre con el retraso un año de la obligatoriedad para las empresas de adaptar sus programas de facturación a los requerimientos de la “Ley antifraude” y a Verifactu. De esta manera, las empresas ahora tendrán de plazo hasta el 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos tendrán hasta el 1 de julio de 2027 para ello.
Las reacciones en el sector han sido muy variopintas. Por un lado, los técnicos de la Agencia Tributaria encargados de diseñar y divulgar Verifactu han dicho que no sabían nada de este cambio de planes y e incluso se han disculpado con proveedores de software y asesorías. Otros actores han templado ánimos y han comentado que la obligatoriedad sigue en el horizonte, y que el retraso permitirá hacer los deberes con más tiempo y más tino.
Algún fabricante incluso ha propuesto reactivar el Kit Digital con una ayuda específica para facilitar la transición de empresas y autónomos al nuevo escenario, una medida que satisfaría a unas compañías que se han quejado en los últimos tiempos precisamente de la falta de ayudas para abordar este cambio. No obstante, ha habido alguna asociación empresarial y voces particulares que han criticado duramente el cambio de planes del Gobierno, alegando que crea “inseguridad jurídica” y en cierta manera deja en la estacada a la industria del software, que tuvo que adelantar la adaptación de sus programas, y a muchas empresas y asesorías que sí se tomaron en serio los plazos iniciales y lo tenían todo a punto para el 1 de enero de 2026.
En todo caso, las obligaciones en torno a la nueva facturación para evitar las dobles contabilidades y la elusión fiscal no desaparecen, y todo el tejido empresarial deberá aprovechar 2026 para seguir adaptándose a esta normativa. Además, es previsible que en la primera parte del próximo año se apruebe definitivamente el reglamento que dará las especificaciones técnicas definitivas de la factura electrónica obligatoria (en línea con el mandato de la Ley Crea y Crece), un formato que en los próximos años será norma en cualquier transacción entre empresas.
Por último, el sector del software de gestión también tendrá una oportunidad en 2026 en torno al nuevo registro horario digital, que está siendo tramitado por vía de urgencia y que podría estar en el BOE a principios de año. Este cambio normativo impondrá a todas las compañías de este país la adopción de un sistema de fichaje digital, verificable, inalterable y con trazabilidad, y que permita el acceso instantáneo a los datos por parte de la Inspección de Trabajo. Un sistema de este tipo sustituirá de una vez para siempre métodos como la hoja de papel o la hoja de Excel, tan habituales en multitud de compañías.
