Según una encuesta de Channel Partner y Fiskaly, el coste económico y la integración son los principales retos a los que se enfrentan los ISV, empresas de software y las pymes para adaptarse a Verifactu (cuya entrada en vigor acaba de retrasarse) y a la ley Crea y Crece.
Los ISV y empresas españolas demuestran un buen conocimiento de Verifactu, la ley antifraude y la ley de factura electrónica, aunque siguen demandando mayor claridad normativa, divulgación y apoyo práctico para incrementar la eficiencia administrativa y hacer frente al reto organizativo y el coste económico y de recursos que supondrá la adaptación de las normas. Así lo reflejan los 45 participantes de una encuesta reciente sobre adaptación normativa y digitalización empresarial conducida por CHANNEL PARTNER y Fiskaly.
Estos profesionales de diferentes sectores verticales y empresas dedicadas al desarrollo de software respondieron un cuestionario en el que evaluaron las ventajas y oportunidades que supondrá el aterrizaje de Verifactu, cuya entrada en vigor se ha retrasado hasta enero de 2027, y de la ley de factura electrónica, cuyo reglamento aún no se ha desarrollado pero que está previsto para los próximos meses.
Un 66% de los entrevistados aseguró conocer al destalle ambas normativas, mientras que un porcentaje más reducido (28%) mostró un menor nivel de comprensión y manifestó su preocupación por las posibles sanciones ante su incumplimiento. Aunque tan solo un 8% de los encuestados contestaron que nunca habían oído hablar de Verifactu, el dato es igualmente alarmante.
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Confusión entre Verifactu y factura electrónica
En relación a la factura electrónica en el marco de la Ley Crea y Crece, más del 60% de los entrevistados identificó claramente la factura electrónica como un documento de datos estructurado que se intercambia entre sistemas informáticos de las empresas. No obstante, todavía hay empresas y editores de software que confunden la factura electrónica con Verifactu o creen que un PDF enviado por email es suficiente, lejos del modelo estructurado que exige la Ley Crea y Crece.
En cuanto a la percepción de las normas, la mayor parte de los profesionales consultados entiende Verifactu y la ley Crea y Crece como una obligación legal que regula cómo deben emitirse y compartirse las facturas entre empresas. No obstante, en clave positiva algunos de ellos lo consideran también como una oportunidad para optimizar la gestión administrativa y reducir los costes de facturación.
En el lado contrario, aún subyace la idea de la complejidad y las dudas sobre su alcance y de que tan solo es una herramienta más para aumentar el control por parte de Hacienda, pero sin ningún beneficio para las empresas.
Principal obstáculo: el coste económico
El principal obstáculo e inhibidor para el despliegue de la norma es el coste económico y de recursos (44,4%) además de la necesidad de formación y adaptación del personal a la nueva normativa (24%). En la misma línea de argumentación destacan también la falta de información clara y accesible sobre los requisitos y plazos (17%) y la dificultad para integrar las nuevas especifaciones en el software de facturación (13%)
A nivel económico, un 48,9% cree que el coste anual de adaptación se situará entre 1.000 y 10.000 euros, mientras que el 28,9% directamente no sabe qué inversión representará en la factura final.
La divulgación e información sobre las normas, tanto por parte de proveedores como de la Administración, será clave en los próximos meses para garantizar un mayor grado de adaptación
En cuanto al impacto de la digitalización obligatoria, la opinión mayoritaria aunque por mayoría simple prevé un reto organizativo (37%), mientras que otro 35% considera que aumentará la eficiencia y reducirá tiempos administrativos. Un pequeño porcentaje de encuestados cree que las inversiones serán elevadas a largo plazo (13%).
¿Preparados para 2026? No del todo
A pesar de que un 46,67% declara estar completamente preparado, lo relevante es la otra mitad porque un 37% está en proceso de adaptación a las nuevas normas, pero con fase críticas pendientes, otro 8% tiene una solución parcial y el 6% restante aún no ha empeado. Es decir, más del 53% aún no está listo para Verifactu. Afortunadamente, ahora quedan otros doce meses más para concluir dicha adaptación.
A diferencia de lo que se podría suponer, no todo el mercado necesita formación intensiva porque un 40% asegura que ya tiene información suficiente para adaptarse, otro 35% piede actualizaciones explicadas en lenguaje sencillo, un 15% requiere guías prácticas y otro 8% necesita formación sectorial específica.
Más de la mitad (51,11%) considera prioritaria la seguridad de sus aplicaciones e invierte activamente para proteger la información sensible y otro 26% deposita en su proveedor de software toda su confianza para garantizar la seguridad. Otro 15% considera la seguridad importante aunque no es prioritario, mientras que solo un 6,67% no la contempla. El nivel de madurez es, en este punto, más alto de lo esperado.
Factores para elegir un proveedor adaptado a Verifactu
A la hora de elegir solución, las prioridades están claras:
- Experiencia y respaldo en cumplimiento fiscal (26,7%)
- Integración fácil con sistemas existentes (13,3%)
- Simplificación administrativa (8,9%)
- Y para el 51,1%, la respuesta es simple: todo lo anterior
Además, los factores determinantes de elección son la experiencia en cumplimiento fiscal (37,8%) y la facilidad de integración (31,1%), seguidos del coste total y la seguridad de la información
