Por fin hay novedades en torno a la factura electrónica obligatoria, uno de los cambios derivados de la Ley Crea y Crece que modificará para siempre la gestión en España de empresas y autónomos. El Gobierno ha aprobado este martes el real decreto que obligará al uso de la e-factura en las relaciones entre empresas y profesionales. La medida, aprobada en el Consejo de Ministros, busca reducir la morosidad, agilizar los pagos y reforzar la competitividad del tejido empresarial, con especial foco en pymes y autónomos.
España arrastra desde hace años un problema estructural de retrasos en los pagos. Según el Ministerio de Economía, el periodo medio se sitúa en torno a los 80 días, muy por encima del límite legal de 60 días. Esta situación ha limitado la liquidez de muchas empresas, especialmente las más pequeñas, frenando su crecimiento. Con la nueva normativa, cada factura deberá registrarse electrónicamente, incluyendo su emisión, aceptación y fecha de pago, lo que permitirá un mayor control y facilitará la supervisión por parte de la Administración.
El decreto establece dos vías para cumplir con la obligación. Por un lado, las empresas podrán utilizar plataformas privadas de facturación, que deberán estar interconectadas entre sí para evitar que una compañía se vea obligada a operar con la herramienta de su cliente. Por otro, podrán optar por una solución pública y gratuita que desarrollará la Agencia Tributaria. En ambos casos, las facturas deberán generarse en un formato estructurado que permita su integración automática en los sistemas contables, eliminando procesos manuales asociados al uso de papel, PDF o Excel.
Plazos de entrada en vigor de la factura electrónica obligatoria
Y, como ya se sabía, la implantación será progresiva. En primer lugar, Hacienda tendrá que desarrollar la plataforma pública y gratuita para que empresas y autónomos puedan generar sus e-facturas. Posteriormente, las empresas con una facturación superior a los ocho millones de euros tendrán un año para adaptarse desde la aprobación de la orden ministerial que regulará el sistema, prevista antes del 1 de julio de 2026. El resto dispondrá de dos años. Además, los plazos para informar sobre el estado de las facturas —si han sido aceptadas o pagadas— también variarán según el tamaño de la empresa.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha subrayado que esta medida pretende resolver uno de los principales obstáculos para el crecimiento empresarial: la falta de liquidez derivada de los retrasos en los cobros. Según sus estimaciones, la generalización de la factura electrónica podría generar un ahorro de hasta 8.000 millones de euros en costes administrativos para las empresas españolas.
El Ejecutivo insiste en que esta obligación es independiente de Verifactu, el sistema impulsado por Hacienda para combatir el fraude fiscal. Mientras que Verifactu se centra en la trazabilidad y el control tributario de las facturas, la factura electrónica obligatoria busca mejorar la eficiencia en las relaciones comerciales entre empresas. Ambos proyectos, aunque complementarios, responden a objetivos distintos dentro del proceso de digitalización económica.
