Tras la aprobación el pasado 22 de junio por parte del Parlamento de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, la que regula el polémico canon digital en soportes y equipos de reproducción, la industria y los autores tienen por delante una dura negociación. A partir de la publicación del texto legal en el BOE (prevista para los próximos días), el Ministerio de Industria convocará a las partes, que, desde ese momento, dispondrán de cuatro meses para ponerse de acuerdo sobre el catálogo de productos que deben aplicar la tasa y qué cuantía se aplica en cada caso. Si no llegasen a un consenso, sería la Administración, en los tres meses siguientes, la que tendría que arbitrar y encontrar una salida. José Pérez García, director de Asimelec, la patronal que más se ha pronunciado sobre el tema y que reúne a muchos mayoristas y fabricantes de impresoras, regrabadoras y todo tipo de reproductores digitales, se sinceró en una rueda de prensa celebrada ayer en la sede de la asociación y aseguró que cree muy difícil llegar a un acuerdo con los autores. Pérez García también analizó los pros y los contras que para la industria tecnológica tiene el texto legal que va a servir de base a la discusión. “Es la mejor ley que hemos tenido en los 14 años de canon [la tasa empezó a aplicarse en 1992, aunque en aquel entonces afectaba sobre todo a medios analógicos], y aún así es mala”, afirmó en un ejercicio de malabarismo. La dirección de Asimelec, cuyos asociados representan el 90% del mercado legal de CD-R y DVD-R, cree que el resultado de la tramitación parlamentaria es “desalentador”, aunque aporta aspectos positivos, como el arbitraje final para fijar productos y tarifas por orden ministerial o el criterio de proporcionalidad respecto al precio. Este último punto es fundamental, puesto que en los últimos tiempos se había llegado a la situación surrealista de que el 60% del precio final al público de un CD o DVD era en concepto de canon debido a que la tasa no es un porcentaje del PVP, sino una cantidad fija que va siendo más significativa a medida que el precio de la tecnología baja. Asimismo, Asimelec valora positivamente el apartado que clarifica el concepto de copia privada, que queda circunscrito a las que realiza una persona física para su uso íntimo. Asimelec confía en que, por esta vía, queden exentos de pagar el impuesto las empresas, que son personas jurídicas y que suelen acudir a DVD o CD para trasegar con documentación propia y no con obras de terceros protegidas por ley.
No obstante, es decepcionante para Asimelec el que no se haya eliminado el criterio de “idoneidad”, lo que significa que cualquier aparato puede estar sometido a la compensación por copia privada, con lo que el usuario no pagará por el daño producido al autor, sino por la capacidad de producirlo. En este sentido, José Pérez García recordó que en el trámite parlamentario se ha perdido el matiz del uso preferente. Esto es, en las versiones previas estaba prevista la aplicación del canon a aquellos dispositivos que están pensados para grabar, y no para aquellos que, circunstancialmente, pueden hacerlo. Así, un teléfono móvil equipado de memoria deberá pagar, aunque grabar música no sea una de sus facetas más características. “Esta limitación terminaba con la aplicación indiscriminada del canon”, apostilló García Pérez.
Por otra parte, Asimelec considera un abuso la aplicación de un canon a soportes que ya cuentan con tecnologías (como los sistemas DRM) que permiten que los autores decidan si una obra puede ser copiada o no por el comprador. “Los avances de la industria van a dejar obsoleta la nueva ley antes de tiempo. Hoy en día el autor tiene llaves para determinar si se graba o no, con lo que el canon está demás”, aseguraba una fuente de Asimelec. Por esta razón, Asimelec va a pedir la eliminación del canon para los DVD que incorporan este sistema o equivalentes, que además ya cuestan un dinero a fabricantes y usuarios.
La dirección de Asimelec aseguró que, en los meses que hay por delante, intentará presionar en la negociación con estudios que muestren que el uso de ciertas tecnologías está bastante alejado de la copia indiscriminada de obras protegidas.
